Maelo Ruiz / Official Video

Si Supieras

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FORMULA DENUNCIA Ministerio Público de la Nación \ *• Sr. Juez Federal Dr. Ariel O. Lijo: ALBERTO NISMAN, Fiscal General, titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA [causa 3446/2012, “Velazco, Carlos Alfredo y otros por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 8] ante V.S. respetuosamente me presento y digo: I.- Objeto En cumplimiento del mandato legal impuesto en el artículo 177 inciso Io del Código Procesal Penal de la Nación, como representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la Unidad de Investigación de la causa “AMIA” vengo, por la presente, a denunciar la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso. Esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal). Esto resulta de la mayor gravedad teniendo en cuenta que el hecho cuyo encubrimiento se denuncia, es decir, el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, ha sido judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el Sr. Juez de la causa. La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, como surge de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner e instrumentada, principalmente, por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman. Asimismo, las pruebas examinadas revelan la intervención activa en el plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de participación y responsabilidad que la pesquisa deberá precisar, entre los que cabe mencionar a: Luis Angel D’Elía, Femando Luis Esteche, Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil, el Diputado Nacional Andrés Larroque, el Dr. Héctor Luis Yrimia y un individuo identificado como “Alian”, que ha desempeñado un rol por demás relevante en los hechos, que responde a la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nación y según lo sugieren los indicios obtenidos, se trataría del Sr. Ramón Alian Héctor Bogado. Por otra parte, la investigación deberá también determinar el rol exacto que le cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, se cuenta con elementos que permiten colegir que no resultan ajenos a la maniobra delictiva denunciada, entre los cabe mencionar al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Arquitecto Julio De Vido. Por último, corresponde a la pesquisa aquí propiciada la individualización y la determinación de la responsabilidad penal que en los hechos delictivos denunciados pudieron haber tenido todas aquellas personas -funcionarios o no- que intervinieron en la elaboración, negociación, concreción y consumación del acuerdo firmado con la República Islámica de Irán, como una de las vías para lograr la impunidad. Esto incluye tanto a aquellos cuyos roles fueron de público conocimiento, como a quienes eventualmente hayan participado sin que su intervención haya tomado estado público. Introducción: A lo largo de esta denuncia se expondrán los elementos probatorios que dejan en evidencia la existencia de un sofisticado plan delictivo, deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los acusados iraníes en la causa seguida por el atentado contra la sede de la AMIA, con el objeto de que eludan definitivamente a la justicia argentina y se sustraigan de ella. Se verá también que, para la época en que se urdió e instrumentó el plan criminal, la urgencia energética que atravesaba y atraviesa nuestro país y el anhelo por restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal, ligados a una visión geopolítica de acercamiento con la República Islámica de Irán fueron, según las pruebas con que se cuenta, los factores determinantes para que la primera mandataria, Dra. Cristina Elisabet Fernández, con la necesaria e inestimable participación y colaboración de Héctor Timerman, tomara la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA. En efecto, quedará acreditado que esta confabulación criminal fue decidida por la Sra. Presidente de la Nación y puesta en funcionamiento, principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman. Asimismo, se probará la activa participación criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar a Luis Ángel D’Elía; a Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil, al Diputado Nacional Andrés Larroque, a Fernando Esteche, al ex Fiscal designado para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA, Héctor Luis Yrimia y a un individuo perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, identificado como “Alian” que, según las constancias halladas, todo indica que se trataría de Ramón Alian Héctor Bogado. En ese sentido, se presentarán las pruebas que ilustran que el plan que aquí se denuncia incluyó negociaciones secretas y públicas con los iraníes, durante las cuales se acordó dar de baja las notificaciones rojas de Interpol, y que dichas tratativas desembocaron en la firma de un Memorando de Entendimiento que, en su esencia, debe ser considerado como lo que realmente es: apenas uno de los medios elegidos por los aquí acusados para garantizar lo que se había acordado de antemano, esto es, la impunidad de los prófugos iraníes y su desvinculación definitiva de la causa. Como se verá en detalle durante el desarrollo de la denuncia y se adelantará unos párrafos más abajo, la firma y ratificación de tal documento implica lisa y llanamente la destrucción de las imputaciones contra los acusados de nacionalidad iraní. En primer lugar, porque las conclusiones de la llamada “Comisión de la Verdad”, como así lo revela la evidencia, ya se encontraban previamente arregladas entre los signatarios. En segunda medida, como se verificó en los hechos, debido a que el acuerdo fue la excusa que esgrimieron las partes para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. En tercer término, porque su confusa y ambigua redacción y las innumerables fases sucesivas previstas, sin plazo alguno, para que sus disposiciones sean aplicadas, permite que los socios en este acuerdo de impunidad aludan indefinidamente a la existencia del Memorando, aunque en la práctica no produzca efecto legal alguno. También, se probará que el plan de impunidad pergeñado por la Sra. Presidente de la Nación incluyó un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia “nuevos imputados”, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes. De hecho, algunos de los aquí acusados estuvieron expresamente abocados a fabricar esta hipótesis falsa. Sabían que la “Comisión de la Verdad” no había sido creada para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando. Se acreditará que este plan criminal también involucró acuerdos secretos, por fuera del Memorando de Entendimiento. Así, se concertó -en forma oculta- el cese de las notificaciones rojas de Interpol que pesaban y pesan sobre los funcionarios iraníes, por ser el interés cardinal de Teherán para suscribir el acuerdo. Asimismo, se probará que secretamente se había pactado que, en la práctica, el ex Ministro de Defensa iraní y actual prófugo de la justicia argentina, Ahmad Vahidi, jamás sería interrogado, a pesar de lo estipulado en el Memorando, pues así había sido convenido entre las partes: “ya había sido conversado antes”. Además, quedará evidenciado que los funcionarios involucrados en este plan criminal, ya sean argentinos o iraníes, han tenido un objetivo común. Que no se trata de dos partes negociando un acuerdo, como se lo quiso presentar públicamente, sino de dos socios buscando borrar -sin que nadie lo advierta- una imputación penal en un delito de lesa humanidad. Más aún, aquí se demostrará que los pasos y avances del plan criminal fueron comunicados en tiempo real no solo a las autoridades iraníes, sino también a uno de los prófugos de la causa AMIA, Mohsen Rabbani, quien participó de negociaciones comerciales con las autoridades argentinas involucradas en este plan e intervino en las tratativas dirigidas - fundamentalmente- a garantizar su propia impunidad. También quedará evidenciado que se lanzó una feroz campaña de descrédito hacia la investigación del caso, destinada a horadar la versión judicial de los hechos, y se la combinó con una campaña de engaño, compuesta por falacias, puestas en escena, mentiras, desmentidas, falsas promesas y la manipulación a sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado, a fin de evitar que la opinión pública conozca la entidad del verdadero objetivo encubridor oculto detrás del Memorando de Entendimiento firmado con Irán. Asimismo, se expondrán los elementos de prueba que acreditan que la Sra. Presidente y el Sr. Canciller efectuaron aportes en la necesaria división de tareas que implicó esta compleja maniobra delictiva. De las contribuciones concretas y específicas de la Sra. Presidente que se han podido acreditar con sólido sustento probatorio, surge con claridad que no solamente fue quien decidió la articulación de este plan criminal de impunidad, sino que, para ello, se valió de distintos actores para llevar adelante su ejecución, y en todo momento estuvo en control de la misma, ya sea impartiendo órdenes directas a sus cómplices, o bien encabezando la campaña discursiva y mediática necesaria para camuflar la perpetración del delito. Así, ha elegido a algunos de los partícipes de la maniobra delictiva, involucrando directamente a -cuanto menos- uno de sus ministros y a un legislador nacional; ha controlado la evolución del plan en cada paso; ha negociado por interpósitas personas con uno de los prófugos; y se ha involucrado personalmente en algunas acciones de ocultamiento que este sofisticado plan requería. En la misma línea, se demostrará holgadamente que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman, ha sido - sin duda alguna- el principal instrumentador del plan de impunidad ideado y ordenado por la Sra. Presidente, Dra. Cristina Fernández. Naturalmente, tratándose de un plan criminal que ha involucrado a un país extranjero, el Canciller ocupaba y ocupa el puesto clave para encargarse personalmente de muchos aspectos de este encubrimiento. Desde su función, transmitió a Irán la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA; acordó la baja de las notificaciones rojas; signó acuerdos secretos con la parte iraní; participó de las negociaciones, de la redacción y de la firma del Memorando de Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. Y se involucró personalmente en la campaña de descrédito y engaño, destinada a destruir la credibilidad de la causa judicial con el fin de, dolosamente, presentar al acuerdo con Irán como la única vía apta para solucionar el caso. Ambos funcionarios actuaron con un único y delictivo propósito: lograr la impunidad definitiva de los acusados iraníes y el cese de toda actividad jurisdiccional en su contra, en pos de restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal y dar un paso hacia un acercamiento geopolítico con la República Islámica de Irán, sin soportar reproche alguno por parte de la sociedad argentina. Ello, según surge de la evidencia reunida y sin descartar en modo alguno la existencia de otros motivos adicionales a los aquí expuestos, pero que en nada modificarían o disminuirían la criminal responsabilidad de los denunciados. Quizá no resulte ocioso aclarar que nada hay de reprochable en la relación comercial o la vinculación geopolítica entre estados. La objeción surge al comprobarse, nítidamente, que dicho acercamiento implicó por parte de las autoridades del gobierno argentino aquí denunciadas, sacrificar una causa judicial en trámite, desconocer lo decidido por la justicia nacional y urdir un plan criminal para borrar de un plumazo las serias acusaciones que pesan sobre los prófugos iraníes, pretendiendo otorgarles impunidad definitiva. Algo inédito y nunca visto. No se trata de una afirmación dogmática, se aportan en esta denuncia múltiples elementos probatorios que confirman que el anhelo por el petróleo iraní fue uno de los motores de las acciones delictivas denunciadas. A modo de ejemplo puede citarse una mínima parte de la prueba descripta en este escrito, como cuando Femando Esteche, en diciembre de 2012, expresó refiriéndose al gobierno argentino: “...los tipos quieren restablecer relaciones entre los dos estados... o cuando Luis D’Elía, en mayo de 2013, agregó: “...ahí hablé con Julio [en referencia al Ministro Julio De Vido] ...acá hay urgencia energética...ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF a hacer negocios allá [en alusión a Irán '[...está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne...” o, por último, cuando el agente iraní en Buenos Aires, Jorge “Yussuf’ Khalil, confirmó “...el tema que necesita Argentina, es petróleo...hay un verdadero interés para empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionarios del gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o a Beirut mejor ...para empezar las relaciones directas de funcionarios a funcionarios... ”. Por si ello no bastara, y aquí lo relevante, otras pruebas vienen a confirmar que el comienzo del intercambio comercial argentino-iraní estaba supeditado a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento, es decir, al avance del plan de impunidad. Viene al caso destacar lo dicho por Jorge Khalil, uno de los partícipes de dicho plan: “Acá hay luz verde para hacer las operaciones...el tema es que quieren que se apure el memorándum...y se habló con De Vido...Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos... Por otro lado, De Vido entiende que para dar un paso en esto, o sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber firma del Memorándum Y para sorpresa e indignación de muchos, quedará evidenciado por la prueba reunida que en estas negociaciones participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen Rabbani, quien recibía periódicos reportes telefónicos de los avances que ocurrían en el seno de nuestro gobierno. Para citar otro ejemplo de los tantos que constan en esta presentación, se transcribe uno de los informes telefónicos recibidos por Rabbani: “...hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas... ”, a lo que Rabbani contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “...aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a la Argentina...y también comprar armas... ” Es decir, mientras la justicia nacional acusaba y acusa fundadamente a ciertos funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la Sra. Presidente y el Sr. Canciller aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo que es más grave aún: su impunidad. Acaso resulte una obviedad pero no puede dejar de señalarse que las circunstancias denunciadas revisten una gravedad institucional extrema e inusitada, tanto por la jerarquía funcional de varios de los involucrados en la maniobra criminal como por la calificación legal del delito que se encubre, esto es, el “delito anterior” objeto del encubrimiento, que es, ni más ni menos, que el atentado terrorista a la sede de la AMIA, judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado de genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral. Ahora bien, para contextualizar debidamente los hechos delictivos que se denuncian, resulta útil recordar que la justicia argentina determinó que las máximas autoridades iraníes de 1994 fueron quienes tomaron la decisión de atentar contra la AMIA, diagramaron la implementación de ese ataque y encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah. A consecuencia de ello se solicitó la captura nacional e internacional del ex Presidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati; del ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex Jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza Al Quds y ex Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; del Ex Agregado Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del ex Embajador de la República de Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour. Desde el año 2007, sobre cinco de tales imputados: Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani y Asghari pesan notificaciones rojas, es decir, la máxima prioridad de búsqueda que registra Interpol. Con apoyatura en tales imputaciones, la República Argentina ha venido reclamando por años a la República Islámica de Irán -hasta el momento, infructuosamente- la detención con fines de extradición de los acusados iraníes. En efecto, durante su presidencia, Néstor Kirchner no solo llevó el caso a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que rechazó rotundamente todos los ofrecimientos de Teherán, siempre destinados a acordar una salida políticamente negociada a esta cuestión, netamente judicial. Da cuenta esta presentación de voluminosa prueba documental y de varios testimonios coincidentes -del ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge Taiana y del ex Vice Canciller, Roberto García Moritán- que describen los pactos propuestos por Irán y su rechazo de plano por parte del ex presidente argentino. Esa consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en torno al caso AMIA, sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que permita a los imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente al accionar de la justicia a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio comercial a nivel estatal con la República Islámica de Irán. Dando cuenta de ello, el ex canciller Bielsa resaltó el cambio de posición del gobierno de la Dra. Fernández cuando sostuvo: ule dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema sagrado para Néstor ....Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle a Irán era casus belli ”. Así las cosas, por mucho tiempo la relación bilateral estuvo signada por la indiferencia iraní a los reclamos argentinos y, como contrapartida, por la sólida resolución de nuestro país de no avanzar en ningún frente vincular sin antes obtener cooperación por parte de Teherán, es decir, la entrega de los acusados para su juzgamiento por la justicia nacional. Se comprobará que, en este contexto histórico y con el cuadro de situación descripto, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de 180 grados en relación a su consideración del caso AMIA. Efectivamente, aquel enero de 2011, Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades políticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados. Quedará demostrado también que el Canciller Salehi tomó nota de tal ofrecimiento y se lo comunicó al entonces Presidente Ahmadinejad: “...Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados...en cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irán ”. Es la primera vez que un estado agredido implora a un estado agresor que firme un acuerdo por el cual les otorgará impunidad a los agresores. De este modo, comenzó un período de negociación secreto entre los gobiernos de Argentina e Irán que se extendió hasta septiembre de 2012 y durante el cual, ambas partes realizaron gestos que, a la luz de la prueba recolectada posteriormente y analizados en forma conjunta, claramente han sido indicativos del acuerdo que, en esa época, se estaba incubando. Siempre a modo de ejemplo, dado el carácter introductorio de estos párrafos, puede citarse que el gobierno argentino, en julio de 2011, calificó de “muy positiva” una misiva de la cancillería persa por la cual se ofrecía colaborar con la investigación, curiosamente, en una nueva hipótesis, distinta a la esgrimida por la justicia. Avanzadas dichas negociaciones secretas donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, en el mes de septiembre de 2012, Cristina Fernández de Kirchner oficializó las reuniones, siendo que, públicamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, adujo que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de negociar por el caso AMIA. Se entienden ahora los motivos por los cuales la Sra. Presidente, en aquella oportunidad y por primera vez, no invitó a las instituciones comunitarias judías a formar parte de su comitiva a la apertura del Debate General de la citada asamblea internacional. El anuncio que haría había sido acordado con anterioridad y con una finalidad distinta a la que se invocó. Quedará aquí probado, que tal manifestación de la Sra. Presidente fue solo una puesta en escena, la primera de muchas que ocurrirían durante el camino que recorrió el plan de impunidad ideado y orquestado por los funcionarios argentinos aquí denunciados. Con este gesto, se buscó ocultar que el acercamiento había sido promovido por Argentina, y no por Irán como se dijo; y se quiso hacer creer que las negociaciones se iniciarían entonces, cuando ya llevaban -al menos- un año y medio. Así, se acreditará que mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un aspecto fundamental del plan criminal: la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes, pero -fundamentalmente- desincrimine a los iraníes, tareas de las participaron activamente Jorge Khalil, Fernando Esteche, Héctor Yrimia y el sujeto conocido como “Alian”. El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas, fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía. La versión oficial argentina indicó que se trataba de un instrumento jurídico que permitiría avanzar con las indagatorias de los prófugos. La realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos por las partes para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resultaba y resulta funcional a esta maniobra espuria. Que quede bien claro. El acuerdo entre representantes iraníes y las autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. El plan criminal consistió en la eliminación de las imputaciones que la justicia argentina esgrimió contra funcionarios iraníes y el mejor modo que se halló para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el tema de la manera más prolija posible a los ojos de la ciudadanía engañada, fue la suscripción del mencionado acuerdo bilateral. Ello fue así porque su letra prevé mecanismos para lograr la baja de las notificaciones rojas de Interpol, porque su aplicación contiene tantas etapas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar indefinidamente su vigencia en el tiempo sin lograr avances reales, porque las conclusiones de la “Comisión de la Verdad” ya estaban arregladas de antemano y su actuación permite la introducción de la nueva hipótesis falsa, armada con pruebas inventadas. En efecto, como se verá, en la práctica, las únicas trabas a la impunidad de hecho de la que gozan los acusados iraníes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que tienen la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional. Por ello, las partes acordaron hacerlas cesar. De allí que el punto 7 del Memorando tenga su razón de ser. Trátase del único punto que debía tener aplicación inmediata, del único que tiene carácter operativo sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado. Redactado en esos términos, carece de toda explicación lógica. Se advierte, entonces, que la baja de las notificaciones rojas fue el primer y trascendental paso acordado secretamente entre Salehi y Timerman hacia la desvinculación definitiva de los imputados. Nótese que, al mes de haberse firmado el Memorando de Entendimiento, el agente de inteligencia de Presidencia de la Nación “Alian” le comunicó al operador iraní Khalil, “Tengo un chisme...me dijeron ahí en 'la casa' [en referencia a la Secretaría de Inteligencia]...Interpol va a levantar el pedido de capturas de los amigos [en alusión a los prófugos iraníes]...lo va a levantar ahora”. En forma sorpresiva e inesperada para los encubridores, Interpol advirtió que se lo quiso involucrar donde nada tenía que hacer e intercedió a tiempo para evitar la baja de las prioridades de búsqueda. Se verá cómo esa intervención se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes. Repárese, además, que desde que Interpol comunicó que las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA seguirían vigentes, la República Islámica de Irán retiró el acuerdo de su agenda parlamentaria y hasta el momento en que se formula esta presentación, no ha comunicado oficialmente su aprobación interna. El motivo de semejante vuelta atrás surge nítido de las pruebas que se presentarán. El agente persa Khalil, al día siguiente de regresar de Irán, comunicó a las autoridades argentinas la razón de la tardanza, ante el reclamo local por la demora de Teherán en la aprobación interna de Memorando de Entendimiento: “...De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas...” y en otra oportunidad, expresó: “...meparece que el ruso este de mierda [en alusión a Héctor Timerman] se mandó alguna...estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares [en referencia a las notificaciones rojas]... ”. Más allá de los ejemplos relatados, lo que se pretende dejar aquí en blanco sobre negro son dos conclusiones reveladoras que se desprenden de estos dichos, como de otras probanzas que también se analizarán. La primera radica en la certidumbre sobre la existencia de una promesa por parte del canciller Timerman para dar de baja las notificaciones rojas. Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió. Incluso, podrá apreciarse en esta denuncia que el Canciller volvió a la carga en los meses de septiembre y noviembre de 2013, con claras intenciones de convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas, bajo el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando, pero -por fortuna- tampoco entonces pudo lograr su cometido. La segunda conclusión que se desprende de aquella conversación transmite la certeza de que, además del Memorando de Entendimiento firmado, han existido entre las partes otros acuerdos secretos. Corrobora tal afirmación, entre otras evidencias, el testimonio del propio Salehi, quien reconoció sin ambages: “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes ....El [contenido] del acuerdo entre Irán y Argentina en relación con la cuestión AMIA será hecho público en el momento adecuado y la cuestión [de los imputados iraníes] está incluida y nosotros la estamos siguiendo...”. Habiendo sido realizada esta declaración en el mes de marzo de 2013, resulta evidente que Salehi no se estaba refiriendo al Memorando de Entendimiento sino a otro convenio que a esa fecha aún no se había dado a conocer. Y en este marco deben entenderse también las manifestaciones de Jorge “Yussuf’ Khalil, cuando comentando noticias periodísticas que difundían que el ex Ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, nunca sería interrogado pese a estar incluido en el Memorando, aseguró que el rumor era cierto, que ese tema en particular “estaba conversado antes....estaba dentro del marco ” y que el acuerdo era “más profundo todavía ”. Es decir, quedará probado que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman no solo firmó un Memorando de Entendimiento abiertamente inconstitucional, que además garantiza la impunidad de los acusados iraníes, sino que también cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos para los prófugos. De allí que se compruebe que no se trató, como se presentó públicamente, de dos partes que negociaron un acuerdo bilateral, sino que fueron dos socios que confeccionaron un sofisticado plan criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de ellos. De hecho, luego de suscribirse el acuerdo, el agente argentino “Alian” le confesó a su par de Irán: “...Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe...”, dejando en evidencia que ambas partes han tenido el mismo objetivo criminal. Ahora bien, surge de la evidencia detallada en la denuncia, que la oportuna intervención de Interpol manteniendo vigentes las notificaciones rojas no frustró ni imposibilitó a futuro el encubrimiento orquestado. Los autores habían tenido la precaución de idear mecanismos alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la letra del Memorando de Entendimiento. Se advertirá sobre los numerosísimos mecanismos previstos en el intrincado acuerdo bilateral. Naturalmente ello no ha sido fruto de la incompetencia de los redactores sino, todo lo contrario, de su sagacidad para dotar al Memorando de un enmarañado proceso de aplicación que exige, para que un imputado iraní se siente a escuchar los cargos de la justicia argentina, la verificación de una larguísima serie de procedimientos, alguno de ellos de imposible cumplimiento, atento a la incompatibilidad con sus respectivas legislaciones: 1) que ambos países ratifiquen internamente los términos del acuerdo; 2) que se remitan mutuamente las notas reversales notificando dicha ratificación; 3) que cada uno de los signatarios proceda a la elección de personas de reconocida trayectoria jurídica y probidad personal para que integren la “Comisión de la Verdad”; 4) que los elegidos acepten la designación; 5) que entre ambas partes y de común acuerdo, seleccionen un quinto miembro de la comisión; 6) que los miembros de la Comisión redacten las reglas del procedimiento al que se sujetarán; 7) que se pida información de la causa; 8) que se envíe la información requerida y se la traduzca; 9) que cada uno de los miembros de la comisión analice las pruebas remitidas; 10) que se reúnan para emitir recomendaciones; 11) que se notifiquen dichas recomendaciones a los signatarios; 12) que se establezca una fecha para cumplir con audiencias; 13) que se cite a los imputados; 14) que éstos efectivamente comparezcan a un interrogatorio, que no reúne -como se verá- las condiciones mínimas para ser considerado una declaración indagatoria válida para el derecho argentino. Ninguno de estos pasos tiene plazo determinado para ser cumplido. Tan es así, que ha pasado más de un año y medio desde la firma del Memorando y todavía no se concluyó siquiera el primer escalón. Irán aún no ha comunicado la ratificación del acuerdo. Puede verse con claridad que los términos de este pacto, reflejo de una actividad criminal subyacente, están redactados de modo tal que muy sencillamente se puede demorar en forma indefinda su cumplimiento. Otra llave que conduce a la impunidad definitiva es la efectiva actuación de la “Comisión de la Verdad” cuya finalidad consiste en - llegado el momento- recibir y valorar nuevas pruebas y presentar una nueva hipótesis sin iraníes como acusados, legitimando el redireccionamiento de la pesquisa. La comisión evaluará una nueva verdad falsa, una verdad armada artificialmente por los inescrupulosos artífices de este siniestro plan. Nuevamente, prueba directa sostiene lo afirmado. El agente iraní Jorge Khalil, el mismo día de la firma del Memorando, expresó: “...alguien va a salir con la cara manchada de acá...” y ciertamente estaba seguro que no sería el país al que sirve porque “...Obvio, eso ya está arreglado... ¿Cómo va a ser para el lado nuestro, boludo? Si nosotros estamos sentados en la mesa... ”. En ese sentido se demostrará, con pruebas categóricas, que una vez firmado el Memorando de Entendimiento comenzó una relación de apoyo y protección del gobierno argentino a los referentes iraníes apostados en Buenos Aires que, conscientes de ello, afirmaron “el gobierno ahora está a favor"\ “...el gobierno banca...” y el propio Khalil reconoció: “...Nosotros estamos ante un acuerdo con el gobierno nacional ...atrás de una negociación con el gobierno nacional...”. En otro pasaje de la denuncia quedará demostrado que autores y cómplices, como parte integral del plan criminal, ya habían planificado y avanzado en la fabricación de una hipótesis acusatoria falsa, con pruebas inventadas para redireccionar la pesquisa hacia terceros inocentes y así desligar definitivamente a los nacionales iraníes. En referencia a dicha desincriminación fraudulenta, en una fecha tan temprana como diciembre de 2012, Esteche aseveró: “quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla... Y de la conversación se desprende que esa tarea quedó a cargo de funcionarios de la Secretaría de Inteligencia, especialmente designados para ello. Es decir, en una época en que ni la justicia ni los familiares sabían qué estaba ocurriendo con la negociación entre Argentina e Irán, los partícipes del encubrimiento conocían perfectamente que se venía un cambio de hipótesis y el redireccionamiento de la investigación hacia nuevos imputados. Esto era así, pues ellos mismos eran justamente los encargados de armar la falsa acusación. Así se explican las palabras de “Alian” cuando afirmó “...estamos en otro país, es otra situación mundial y hay que trabajar en otro contexto...''’' y “...va a venir otra hipótesis con otras pruebas...” que iban a descolocar al suscripto como Fiscal de la causa “porque nunca las vio, él, las pruebas ...lo que viene ahora Sin importar las evidencias, los hechos o su verdadera responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados de la causa, se le iba a “lavar la cara” a Irán y ello estaba cerrado “muy arriba”, es decir tenía el sello presidencial. Todo había sido acordado, se iba a utilizar el caso AMIA como una pieza para saciar intereses geopolíticos en el nuevo tablero internacional. Casi con ironía, al suscribir el acuerdo, el canciller emitió un comunicado que rezaba: “...El gobierno nacional ratifica que el único compromiso es con las víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en la justicia la reparación debida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar para intereses geopolíticos, ni propios, ni ajenos... ”. Las pruebas aquí obtenidas revelan que esto no era cierto y que intereses comerciales y geopolíticos motorizaron un plan secreto de impunidad, que nada tiene que ver con la búsqueda de justicia. Por otra parte, resulta oportuno destacar también la tranquilidad con que actuaron todos los partícipes del plan de impunidad, en particular el individuo conocido como “Alian”, que se ha venido desenvolviendo libremente sin considerar necesario actuar de modo encubierto, ni siquiera ante la extrema sensibilidad del asunto que llevaba adelante. Ello se ha debido simplemente a la circunstancia de que ha actuado por órdenes superiores, por directivas expresas de la Presidente de la Nación, razón por la cual no ha tenido que preocuparse por camuflar sus actividades. “Alian”, en primera persona, confesó esa máxima garantía. La redirección de la investigación y el desprestigio de las autoridades judiciales a cargo de la investigación tenían el sello presidencial “tranquilo, está cerrado muy arriba Además, conforme podrá apreciarse con mayor claridad en el desarrollo de las páginas correspondientes, se verá que tanto la Sra. Presidente como su Canciller contribuyeron en forma personal al perfeccionamiento del plan criminal. Ambos se involucraron en una campaña política y mediática pretendiendo instalar, entre otras falsas cuestiones, la idea de que la causa por el atentado a la AMIA estaba paralizada prácticamente desde que se inició. Quedará expuesto con sumo detalle el modo en que la Dra. Fernández y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillería de mentiras, falacias y engaños que tienen su ejemplo emblemático en la promesa presidencial, flagrantemente incumplida, que aseguró una consulta con familiares y víctimas, previo a la aceptación de cualquier propuesta por parte de Irán. Recuérdese que, en septiembre de 2012, la primera mandataria expresó: “...tengan la certeza de que esta Presidenta no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea formulada, sin consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las víctimas directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria en mi país, porque esto no puede decidir una sola fuerza política.. La realidad fue cruda. Se engañó a los familiares y a las víctimas del atentado ya que, contrario a lo prometido, jamás se los consultó. Es más, debieron enterarse de la firma del Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán por los medios de comunicación. Tampoco fueron escuchados cuando expresaron mayoritariamente su rechazo a la ratificación del acuerdo por parte del Congreso Nacional. Quedó claro, entonces, que dijeran lo que dijeran los familiares la decisión estaba tomada. El Memorando había sido firmado para garantizar un objetivo oculto: dotar de impunidad a los acusados iraníes y permitir al gobierno argentino justificar ante sus ciudadanos y la comunidad internacional el restablecimiento de las relaciones comerciales y el alineamiento con Teherán. Por ello, el acuerdo debía ser aprobado a cualquier costo, porque despejaba el único escollo que existía para asociarse con Irán. Era estrictamente necesario para la consecución del plan criminal pergeñado. Vaya ironía. Una Presidente que públicamente se ha regodeado manifestando a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas su compromiso en la búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su gobierno no permitirá que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica mundial, que ha tomado cartas en el asunto porque la causa estaba paralizada; fue, en realidad, la principal artífice, junto con el Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulación de la investigación y del encubrimiento de estos acusados. En el discurso se habló de justicia y verdad. En los hechos se acordó impunidad. Pasmoso. Da pavor, entonces, constatar que todo se ha tratado de actuación y manipulación de hechos y personas y, más aún, de acciones delictivas. También se acreditará que la reunión del 28 de septiembre de 2012 entre los cancilleres de ambos países, fue una puesta en escena previamente pautada y, en realidad, gestada a pedido de Cristina Fernández para engañar a la opinión pública argentina. Mientras días atrás, la Presidente había exhortado con firmeza, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al flamante presidente iraní Hassan Rohani para que avance con la implementación del pacto; por lo bajo y a través de los canales paralelos de negociación que se desarrollaron para llevar adelante este plan criminal, la Dra. Cristina Fernández entabló comunicaciones con altos mandos iraníes y con el mismo Mohsen Rabbani. El mensajero argentino Luis D’Elía especificó el pedido: “...tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar allá urgente [en referencia a Irán], antes de mañana...Estoy en la casa de gobierno ahora...no hay asunto más importante que este, créemelo ....necesito que hables con el Sheik de allá [en referencia a Rabbani] mira que es muy groso lo que tengo eh!..”. La Sra. Presidente buscaba obtener ciertos pronunciamientos públicos por parte de Teherán, aunque fueran falsos porque serían funcionales al plan de impunidad, siempre con el objeto de avanzar en su objetivo último: el acercamiento comercial y geopolítico con Irán. El receptor del mensaje de D’Elía y transmisor a Irán, Jorge Khalil, reveló la información al expresar: “...Necesitan que el gobierno iraní junto con el gobierno argentino mañana anuncie la conformación de la Comisión de la Verdad...”. Así se adelanta lo que quedará demostrado en este punto: el interés imperioso de los encubridores en realizar nuevos aportes al plan, la existencia de canales de comunicación y negociación paralelos a los oficiales y ocultos a la opinión pública, la evidencia flagrante de que los detalles sobre el plan criminal se arreglaron en secreto por tales canales y que las manifestaciones públicas de la Presidente y el Canciller han sido solo maquillaje mediático para engañar a la ciudadanía respecto a la real situación del caso AMIA. Finalmente, quedará demostrado que este sofisticado plan, como se expuso al inicio, fue ejecutado por un conjunto de cómplices. En primer lugar, corresponde mencionar a Luis D’Elía, desde siempre un acérrimo defensor tanto del régimen iraní como del gobierno nacional, al punto de calificarse a sí mismo como “un soldado” incondicional de la Presidente: “ ...Yo tengo que hacer el juego de la Rosada...Si tengo orden de no ir, soy un soldado acá...”. Funcionó como el interlocutor oculto de las autoridades gubernamentales argentinas y operó como transmisor y receptor de los mensajes clandestinos a la contraparte iraní, destinado a remover los obstáculos que iba presentando el avance del encubrimiento. Su voz ha sido la del gobierno nacional. Sus antecedentes lo avalaban para ocupar esa función. Consustanciado ideológicamente con ambas partes del pacto delictivo, estuvo varias veces en Irán invitado por el régimen y en una ocasión, le ofrecieron un acuerdo similar al que luego firmó Timerman, que ya incluía el cese de las notificaciones rojas. En todas sus visitas a Irán, se entrevistó con las máximas autoridades, se fotografió -entre otros- con el prófugo Mohsen Rabbani, con quien está relacionado hace años. Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil es el referente más importante de las autoridades del régimen iraní en Argentina, incluso por encima del ex Encargado de Negocios de Irán en nuestro país, sobre quien -como luego se verá- tenía más poder. Militante a tiempo completo de los intereses persas, es la “voz y oídos de Irán” en Argentina. En ese carácter, ha funcionado como el nexo central en la vinculación entre funcionarios iraníes y argentinos en el marco de los hechos denunciados, operando -de ese modo- como el referente de la diplomacia paralela que comunica Buenos Aires con Teherán, que fue aprovechada para la consecución del plan de impunidad. Participó tanto del armado de la pista falsa, como de las tratativas con el gobierno argentino relativas a los intercambios comerciales que se pretendían establecer con Irán a nivel estatal. Y mantuvo constantemente informado de cada avance del plan al prófugo Mohsen Rabbani. Femando Esteche, es el líder de la agrupación Quebracho, muy cercano a algunos funcionarios del gobierno nacional y que desde antaño ha mantenido una postura favorable a los intereses iraníes, tanto que ha sido sostenido económicamente por dicho régimen. Su intervención ha sido determinante pues se trata de uno de los sujetos que viabilizó el avance del plan de encubrimiento, acercando al agente iraní Khalil a los funcionarios de inteligencia argentinos, y en especial, al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA, Héctor Yrimia, además de haber aportado ideas concretas para la construcción de la nueva hipótesis falsa. El Diputado Nacional Andrés Larroque también ha sido un actor clave en la articulación del plan criminal pues, dada su cercanía tanto con la Presidente de la Nación como con los partícipes del encubrimiento ha operado como nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices del encubrimiento. Se probarán distintos episodios en los que Larroque bajó directivas presidenciales, tanto a Khalil como a D'Elía, sobre cómo debían actuar. Como por ejemplo, la ocasión en que, en noviembre de 2012, Khalil reconoció: “...vengo de La Matanza recién he tenido una reunión con Luis D'Elía y el “Cuervo” Larroque, el de la Cámpora...que me llamaron temprano que querían hablar conmigo, que tenían un mensaje para el gobierno para dar... Y ahora me voy para Martínez a dar el mensaje, a la casa del Embajador...”. Su intervención ha resultado indispensable en la ingeniería criminal para evitar el contacto directo entre autores y ejecutores del plan de impunidad. El Dr. Héctor Yrimia, entonces Fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, fue designado el día del atentado junto a otros fiscales para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en el caso AMIA. De allí que haya conocido en detalle los hechos materia de investigación. En consecuencia, estuvo en contacto con pruebas, testimonios, peritajes e informes de la causa y -justamente- este minucioso grado de cognición lo ha tornado fundamental para el buen desarrollo del plan. Su aporte fue realizado donde resultó más útil: en el armado de una hipótesis falsa donde, valiéndose de la información obtenida en ejercicio de la función pública, ha cooperado con dicha fase del plan. Una mención aparte merece el sujeto conocido como “Alian”, que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación. Se trata de una persona con acceso al entorno presidencial, que cuenta con información privilegiada -incluso sobre la salud de la Sra. Presidente- y que ha declarado su simpatía con el régimen iraní, que ha actuado -en reiteradas ocasiones- a favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. Que ha transmitido informaciones secretas y protegidas por la ley de inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien la Sra. Presidente ha confiado para llevar adelante parte del plan de impunidad por su dedicación, obediencia, pero -sobre todo- por su falta de escrúpulos a la hora de manipular pruebas y personas para la consecución del designio ilegal que le fuera encomendado por su jefa. Efectivamente, quedará ampliamente explicado y comprobado, que los partícipes del encubrimiento, en especial el nombrado “Alian”, junto al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA y ex Juez de Instrucción, Dr. Héctor Yrimia, han trabajado y negociado la impunidad de los prófugos de la causa AMIA, transmitiendo para ello información sensible y clasificada a la contraparte iraní, contribuyendo al armado de una pista falsa, con pruebas inventadas, conspirando contra la investigación judicial e incluso utilizando los resortes del Estado Nacional para allanar cualquier obstáculo que surgiera durante la ejecución del plan de encubrimiento. En fin, los hechos que aquí se relataron, en brevísima síntesis, constituyen la concreción de un sofisticado plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los acusados iraníes por la causa AMIA, que fue decidido por la Sra. Presidente Cristina Fernández, e instrumentado - principalmente- por su canciller Héctor Timerman, con la colaboración de personajes que, por sus cualidades y conocimientos, resultaron ideales para llevar a cabo la maniobra criminal. La paradójica y por cierto irritante circunstancia de este entramado delictivo fue que los autores del plan, para lograr sus objetivos criminales, al mismo tiempo que clamaban públicamente que solo buscaban verdad y justicia, no trepidaron en buscar destruir la imputación de la justicia argentina a expensas de 85 muertes. I. - Aclaración previa sobre la prueba: Los elementos probatorios que sirven de sustento para radicar la presente denuncia son, algunos de ellos, de acceso público. Sin embargo, otros, han llegado a conocimiento del suscripto en el ejercicio de su función y en el marco de la investigación del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA. Se tratan, estos últimos, del producto de intervenciones telefónicas dispuestas judicialmente en la causa AMIA, con anterioridad incluso al comienzo de las negociaciones espurias. Inicialmente, siempre en el marco de la pesquisa por el atentado, pruebas, indicios y circunstancias fueron hallados o conocidos en forma aislada, independientes unos de otros, de forma tal que nada revelaban respecto del sustrato delictivo que, hoy ya se advierte, tienen en común. Sin embargo, el paso del tiempo y -fundamentalmente- la aparición de nuevos elementos, insoslayables por la criminalidad que exponen, hicieron que cobrara forma y solidez la sospecha sobre la existencia del plan delictivo aquí acreditado, toda vez que las evidencias obtenidas, observadas integralmente, permiten revelar una gravísima actividad delictiva. Las graves irregularidades y delitos que fueron surgiendo de las intervenciones telefónicas analizadas se tornaron cada vez más evidentes. Quedó claro que las conversaciones mantenidas por los imputados tenían su correspondiente correlato en la realidad. Los partícipes anticipaban lo que iba ocurriendo. Así comenzó a develarse el entramado criminal que aquí se denuncia y muchas de las dudas que surgían de la actuación del gobierno argentino, por ejemplo, los términos en que había sido redactado y firmado el Memorando de Entendimiento, encontraron su explicación en el producido de las escuchas judiciales. Tal como un rompecabezas que va adquiriendo forma al colocarle nuevas piezas, el plan de encubrimiento fue hallando su foco, las fases del “iter criminis” fueron tornándose más nítidas y fue posible desentrañar, al menos, una parte de esta sofisticada maniobra. No debe caerse en la simplificación o la ingenuidad de que esta presentación abarca todos los elementos del plan criminal de impunidad. En rigor de verdad, lo que se vislumbra, por grave que sea, resulta ser -apenas- la punta del iceberg. Al respecto, se advierte que los aspectos más delicados de la planificación del delito no fueron comentados vía telefónica sino convenidos personalmente, por lo que la rápida actividad jurisdiccional para reconstruir históricamente lo sucedido, resulta, en este caso, fundamental. En consecuencia, corresponde afirmar que lo denunciado, ya de una gravedad institucional inusitada, es tan solo una pequeña parte de la trama y de las conductas ilícitas llevadas adelante. Será el Magistrado instructor quien deberá determinar hasta dónde se extiende en su real dimensión este plan de encubrimiento e impunidad. Por otra parte, cabe destacar que circunstancias y referencias que surgen de las comunicaciones registradas han podido ser corroboradas, ya sea porque tomaron estado público o bien, porque se condicen con hechos o manifestaciones posteriores que también han trascendido al conocimiento de todos. En otras palabras, referencias, circunstancias, fechas, episodios, posicionamientos políticos, es decir, un conjunto heterogéneo de cuestiones mencionadas en los intercambios telefónicos que aquí se reproducen, han tenido correlato en la realidad y ello redunda en la verosimilitud de las conversaciones registradas. Los ejemplos son numerosísimos. Entre muchas otras referencias, que se ven constatadas en hechos de público conocimiento, se hacen menciones y comentarios sobre: - la firma del Memorando de Entendimiento (Comunicaciones del 27/1/13, abonado N°11-3315-6908, Archivo B-1009-2013-01 -27- 112032-4, CD 266; Archivo B-1009-2013-01-27-112552-12, CD 266; Archivo B-1009-2013-01-27-113208-14, CD 266; Archivo B-1009-2013-01-27-122441-28, CD 266; Archivo B-l 009-2013- 01-27-174637-12, CD 266); - los discursos de los senadores nacionales (Comunicaciones del 13/2/13, abonado 11-3315-6908, Archivo B-l009-2013-02-13- 123827-24, CD 283; Comunicación del 13/02/2013, abonado - 3315-6908, Archivo B-l009-2013-02-13-184206-28, CD 283) y de los diputados nacionales (Comunicaciones del 26/2/13, abonado 1 1-3315-6908, Archivo B-1009-2013-02-26-180341 - 24.wav, CD 296) durante el debate parlamentario; - el viaje de la Dra. Cristina Fernández al funeral de Hugo Chávez (Comunicación del 05/03/2013, abonado 11-3315-6908, Archivo B-1009-2013-03-05-231220-24.wav, CD 303, Archivo B-l009- 2013-03-05-231812-18, CD 303); - la aprobación que habría hecho Mahmoud Ahmadinejad del Memorando de Entendimiento (Comunicaciones del 20/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-05-20- 122551-14, CD 31; Archivo B-1009-2013-05-20-130258-12.txt, CD 31; Archivo B-1009-2013-05-20-130715-14, CD 31; Archivo B-1009-2013-05-20-130940-28, CD 31; Archivo B-l009-2013- 05-20-132253-6, CD 31; Archivo B-1009-2013-05-20-133130-8, CD 31; Archivo B-1009-2013-05-20-140034-12, CD 31; Archivo B-1009-2013-05-20-143508-24, CD 31; Archivo B-1009-2013- 05-20-153449-10, CD 31; Archivo B-l 009-2013-05-20-161759-6, CD 31; y del 21/5/13, abonado 11-3238-4699, Archivo 2542, CD 32); - el dictamen que esta Unidad Fiscal presentó el 29 de mayo de 2013 (Comunicación del 31/05/2013, abonado 11-3238- 4699, Archivo B-1009-2013-05-31 -095657-14, CD 42); - un artículo del periodista Roger Noriega, publicado en Infobae sobre la vinculación de Edgardo Assad con el terrorismo (Comunicación del 1/6/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B- 1009-2013-06-01 -224726-18, CD 43); - las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán (Comunicación del 14/6/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-06-14-191219-18, CD 56); - el programa de televisión “Periodismo para Todos” que presentó un informe sobre Luis D’Elía (Comunicación del 7/7/13 abonado 11-3238-4699, Archivo B-l009-2013-07-07-224045-18, CD 79); - la visita de Emilio Pérsico a la sede de la AMIA (Comunicación del 15/8/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B- 1009-2013-08-15-234225-2, CD 118); - una denuncia de la Diputada Nacional Elisa Carrió (Comunicación del 23/8/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B- 1009-2013-08-23-130443-6, CD 126); - un reportaje del suscripto en Radio Jai (Comunicación del 14/11/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-l009-2013-11- 14-092352-14, CD 209); - las declaraciones públicas del ex embajador de Israel en Argentina, Yitzhak Aviran (Comunicación del 4/1/14, abonado 11-3238-4699, Archivo B-l009-2014-01-04-190349-16, CD 260; Archivo B-l009-2014-01-04-235658-12, CD 260) - la reunión entre el Gobernador de la provincia de Corrientes y el Encargado de Negocios de Irán en Argentina (Comunciación del 4/2/14, abonado 11-3238-4699, Archivo B- 1009-2014-02-04-093431-30, CD 291). Estos son solo algunos pocos ejemplos de las abundantes y variadas referencias que surgen de las escuchas judiciales, que se condicen con hechos de la realidad. Dicho de otro modo, existe una correlación entre la realidad y las cuestiones que se mencionan en estos intercambios, lo que fortalece la calidad probatoria de este material y le otorga la necesaria contundencia, dado el tenor de la maniobra que se denuncia. En consecuencia, y en virtud de la inusitada importancia de los hechos denunciados y sin perjuicio de posteriores presentaciones ampliatorias, corresponde no solo radicar la presente denuncia sino requerir una inmediata y urgente investigación de hechos que, como el presente, poseen una gravedad institucional poca veces vista. II. - Antecedentes a) La acusación judicial a funcionarios iraníes en la causa AMIA El 18 de julio de 1994, aproximadamente a las 9.53 de la mañana, una camioneta Renault Trafic cargada con una cantidad estimada - en su equivalente en T.N.T.- entre 300 y 400 kgs. de un compuesto de nitrato de amonio, aluminio, un hidrocarburo pesado, T.N.T. y nitroglicerina, explotó frente al edificio de la calle Pasteur 633, donde tenían su sede, entre otras instituciones, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El hecho provocó la muerte de ochenta y cinco personas, lesiones de distinta gravedad en al menos ciento cincuenta y una, y cuantiosos daños materiales. Sin perjuicio de lo ocurrido en los primeros años de la pesquisa, con fecha 25 de octubre de 2006, el suscripto emitió un dictamen en el que se acusó a un ciudadano libanés y a siete ciudadanos iraníes, - todos ellos, altos funcionarios del entonces gobierno persa-, por su participación en el atentado del 18 de julio de 1994 (fs. 122.333/122.738 de los autos principales ). El 9 de noviembre de 2006, el Sr. Juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, dispuso librar órdenes de captura nacional e internacional para dar con nueve imputados (un libanés y ocho iraníes)“, con miras a su extradición y a fin de recibirles declaración indagatoria en la causa (fs. 122.775/122.800). Consecuentemente, INTERPOL Buenos Aires confeccionó y remitió a sus similares las correspondientes notificaciones rojas. Por su parte, la justicia argentina, al comprobar que los sujetos buscados no habían comparecido, el Io de diciembre de 2006, los declaró rebeldes. Las órdenes de captura dictadas por el juez Canicoba Corral a instancias de esta Fiscalía, fueron cuestionadas por la Oficina Central Nacional Teherán (OCN Teherán). La Secretaría General de INTERPOL invitó a las partes a una reunión programada para el mes de enero de 2007. El 22 de aquel mes la delegación argentina, encabezada por el suscripto, realizó una presentación ante dicha Secretaría General en la cual expuso pormenorizada y detalladamente las razones y argumentos que justificaban una nueva inscripción de las notificaciones rojas relativas a las órdenes de captura internacional dispuestas en la causa. Puntualmente se explicó que los nuevos pedidos de captura estaban fundados en una decisión judicial de un estado soberano, basados en nuevas probanzas y que respetaban los requisitos fijados por INTERPOL para la inscripción de medidas de tal naturaleza, exhortando a las autoridades de la organización a que, en forma inmediata, dispusieran la búsqueda y detención de quienes se encontraban sospechados de haber tenido participación en el mayor atentado terrorista en la historia de nuestro país. La Secretaría General de INTERPOL, tras escuchar también los argumentos de la delegación iraní, dispuso que el asunto fuera tratado por el Comité Ejecutivo del organismo a la vez que encomendó a la Oficina de Asuntos Legales la confección de un dictamen sobre la cuestión debatida. Dicha oficina efectuó una saludable distinción entre las solicitudes de detención de ciudadanos iraníes formuladas por el ex juez Galeano (a las que denominó AMIA I) y las órdenes de capturas libradas en noviembre de 2006 por el Dr. Canicoba Corral (a las que llamó AMIA II) recomendando que, sobre cinco de las ocho personas acusadas, se acceda a la solicitud de publicar las notificaciones rojas. La situación de quienes, al momento del hecho, desempeñaban los cargos de Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, fue considerada similar a la analizada por el Tribunal Internacional de Justicia en el caso: “República Democrática del Congo vs. Bélgica” y las notificaciones rojas quedaron excluidas. Tampoco se emitió notificación roja respecto del exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. Además, sobre la presentación que formuló el suscripto en la sede de INTERPOL, su Secretario General, Sr. Ronald Noble, sostuvo: “...la altamente profesional explicación de su caso, acusado por acusado, proporcionada por los fiscales argentinos que intervienen en la causa fue importante en la conclusión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de que el caso del pedido de ¡as notificaciones rojas por parte de la OCN Buenos Aires no revestía un carácter político predominante como para que entrara en vigor la prohibición del artículo 3.. ” En el mes de marzo de 2007 tuvo lugar la reunión del Comité Ejecutivo del INTERPOL que debía decidir esta materia (Sudáfrica, Chile, Singapur, Italia, Argelia, Estados Unidos, Corea, España, Marruecos, Brasil, India, Rusia y Alemania). Nuevamente una delegación argentina viajó a la ciudad de Lyon, República de Francia. El día 14 de ese mes, quien firma ésta presentación expuso su postura ante los miembros del Comité Ejecutivo reunidos a tal efecto en la sede central de INTERPOL. Finalizado el alegato, algunos miembros formularon consultas relativas al caso, que fueron respondidas. Seguidamente la delegación iraní hizo lo propio. Finalmente, ambas delegaciones fueron convocadas a la sala de sesiones donde el señor Presidente del Comité Ejecutivo anunció que, tras realizar un cuidadoso estudio de las presentaciones tanto escritas como orales, efectuadas por ambas delegaciones, se llegó a una decisión unánime, consistente en ratificar y hacer suya la recomendación efectuada por el señor Secretario General de la Organización tras la reunión del 22 de enero de 2007, y en consecuencia, disponer la publicación de las notificaciones rojas respecto de Imad Fayez Moughnieh, Ali Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Asghari, Ahmad Vahidi y Mohsen Rezai y rechazar la solicitud de Ali Rafsanjani, Ali Velayati y Hadi Soleimapour (éste último sólo solicitado por el Sr. Juez Canicoba Corral). Se informó además que la inscripción de las notificaciones rojas ordenadas por el Comité Ejecutivo tendría lugar a partir del 31 de marzo de 2007, salvo que mediara recurso de apelación por parte de alguna de las OCN involucradas en la controversia, en cuyo caso el asunto sería remitido a consideración de la Asamblea General de la organización que se reuniría en el Reino de Marruecos en el mes de noviembre de 2007. El 22 de marzo de 2007 esta Unidad Fiscal fue notificada que la OCN Teherán había formalmente apelado la decisión del Comité Ejecutivo solicitando que la cuestión fuera planteada ante la Asamblea General, lo que recibió acogida favorable por parte de las autoridades del organismo policial internacional, incluyendo este asunto en el orden del día de la aludida reunión de referida asamblea. Como en las anteriores ocasiones, se entendió conveniente la asistencia del titular y el coordinador general de la Unidad Fiscal, así como integrantes de la OCN Buenos Aires, a la 76a Reunión Anual de la Asamblea General de INTERPOL celebrada en la ciudad de Marrakech, Reino de Marruecos, donde se decidiría el curso de cinco nuevas notificaciones rojas ordenadas en estas actuaciones. El 16 de octubre de 2007 se recibió la comunicación, por parte de la Secretaría General del Organismo Internacional de Policía, del orden del día a tratarse durante la reunión anual. El punto 8 c) tenía previsto resolver el litigio entre Irán y Argentina por la publicación de notificaciones rojas, en razón del recurso presentado por la República Islámica contra la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en marzo de 2007. Pero en forma previa al inicio de las deliberaciones de la Asamblea General, el Comité Ejecutivo del Organismo debió sesionar durante los días 3 y 4 de noviembre de 2007 a raíz del pedido efectuado por la delegación iraní de postergar para el año siguiente el tratamiento de la cuestión. El Comité Ejecutivo rechazó la propuesta de aplazamiento y habilitó a la Asamblea General para tratar el asunto. El día 7 de noviembre de 2007 lo inherente a la inscripción de las notificaciones rojas fue sometido a debate y posterior votación de la ALBERTO NISMAM Ministerio Público de /a Nación fiscal general Asamblea General de Interpol. En esa oportunidad, luego que uno de los delegados de la parte iraní expusiera su postura ante las representaciones presentes, el suscripto en representación de la delegación argentina rebatió tales alegaciones y brindó los fundamentos que justificaban que sin demora se inscribieran las notificaciones rojas. Finalizadas las exposiciones, las misiones presentes votaron. La posición argentina fue aprobada por 78 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones. De acuerdo a ello, el órgano rector de la Organización Internacional de Policía Criminal dio pleno aval a la postura propiciada por la delegación argentina y como consecuencia ordenó la inscripción en carácter de notificación roja de los pedidos de captura librados contra los ciudadanos iraníes Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, que se sumaron así al ya vigente del libanés Imad Fayez Moughnieh. El 13 de noviembre de 2007 se recibió en el sumario la comunicación formal de Interpol acerca de la efectiva inscripción de tales órdenes de captura. Así, había culminado con éxito un largo e intrincado proceso, que, dadas las vicisitudes del sumario, significó un importante avance con miras al esclarecimiento del hecho. Por ello, la gestión de la Unidad Fiscal a cargo del suscripto logró, por un amplio margen, la publicación definitiva de las notificaciones rojas respecto de los sospechados en la causa, que no sólo implicó -en ese momento- la confirmación del enderezamiento y avance de la investigación, sino también el restablecimiento de la confianza de la comunidad internacional de naciones en la actividad, probidad y eficiencia de la justicia argentina que, en relación a este caso, se había visto seriamente dañada por el proceder del anterior juez. A partir de ello y durante los siguientes años, la República Argentina reclamó a Irán, mediante distintos medios y en distintos foros internacionales, su falta de cooperación con la investigación y su renuencia a extraditar a los acusados. Por su parte, Irán nunca cedió ante los reclamos ni aceptó ninguna de las alternativas que ofreció Argentina para someter a proceso judicial a los imputados iraníes. Hasta que, al menos públicamente, en septiembre de 2012, la Sra. Presidente de la Nación, Cristina Fernández, anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas, haber instruido a su Canciller, Héctor Timerman para que inicie un proceso de negociación con Irán en tomo al caso AMIA. De acuerdo a la versión oficial, el Ministro Timerman se reunió por primera vez para tratar este tema con el canciller iraní Ali Akbar Salehi el día 27 de septiembre de 2012. Oficialmente, se comunicaron una serie de encuentros entre representantes de ambos países, sobre los que no se brindaron mayores detalles (Comunicados de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de fecha 27/9/12 - N° 313/12; 29/10/12 -N° 353/12-; 31/10/12 — N° 360/12-; 1/12/12 - N° 391/12; 7/1/13 - N° 002/13-). Exactamente cuatro meses más tarde y después de tres reuniones en Suiza, con fecha 27 de enero de 2013, ambos cancilleres coincidieron en Etiopía, donde suscribieron el ’'''Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Información de Prensa N°011/13, 27/01/2013). El día 7 de febrero de 2013, la Presidente de la Nación envió el acuerdo al Congreso Nacional para su aprobación (Expediente N° 296/12), debiendo convocar a esos fines a sesiones extraordinarias, dado que el parlamento estaba en receso. Luego del tratamiento en comisiones, ambas cámaras legislativas aprobaron el acuerdo, que fue sancionado Ley Nacional N° 26.843 con fecha 27 de febrero y que, al día siguiente, fue promulgada en el Boletín Oficial del 1 de marzo, todos de 2013 (B.O. N° 32.591). Por su parte, con fecha 10 de marzo de 2013, el entonces Presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, envió el acuerdo a su parlamento (Majlis), que el 21 de marzo entró en receso por el Año Nuevo del calendario persa (Nouruz) y recién volvió a sesionar a partir del 8 de abril, sin dar tratamiento en ningún momento al memorando, el cual fue eventualmente retirado de la agenda parlamentaria (Pagni, Carlos, “El kirchnerismo, en el peor de los mundos”, La Nación 30/5/13; “El memorandún con Argentina llega al parlamento iraní”, Europa Press, 11/3/2013; Kollmann, Raúl “Con novedades semana a semana”, Página 12, 24/3/13). Más de dos meses después, exactamente el día 20 de mayo de 2013, Alí Pakdaman, entonces Encargado de Negocios de Irán en Buenos Aires, brindó declaraciones a la prensa informando que el día 19 de mayo el Presidente Ahmadinejad había aprobado el acuerdo con su sola firma (“Teherán aprobó el memorándum por el atentado a la AMIA”, Página 12, 20/05/2013; Kollmann, Raúl, “Ahmadinejad eligió la vía expeditiva”, Página 12, 21/05/2013). Pero lo cierto es que nunca se recibió, hasta el momento, notificación formal de esta presunta aprobación (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N°110/13, 21/5/13). Con fecha 4 de agosto tuvo lugar la asunción del nuevo Presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rohani, y - en consecuencia- se operaron cambios de autoridades en distintos ámbitos gubernamentales de Teherán. El 28 de septiembre de 2013, transcurrido un año desde el inicio oficializado de las negociaciones, el nuevo Canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, se reunió con el Ministro Timerman en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Luego del encuentro, en declaraciones a la prensa, Timerman sostuvo que Javad Zarif le había asegurado que Irán había aprobado el memorando con el aval del Consejo Superior de Seguridad Nacional y del Líder Supremo (Miri, Ignacio, “Timerman dijo que Irán aprobó el pacto por la AMIA, pero aún no rige”, Clarín, 29/09/2013; Pisani, Silvia, “Irán le confirmó a Timerman que ya aprobó el acuerdo”, La Nación, 29/09/2013; “Timerman anunció nueva reunión con Irán en noviembre”, Prensa Argentina, 28/09/2013; “Timerman ratificó la aprobación del memorándum de entendimiento con Irán y un nuevo encuentro”, Télam, 28/09/2013; “Irán aprobó el memorándum de entendimiento por la AMIA”, Página 12, 28/09/2013). Luego de dos meses más de silencio por parte de Irán, funcionarios de ambas cancillerías volvieron a reunirse en Zúrich, los días 20 y 21 de noviembre de 2013, ocasión en que Argentina entregó una propuesta escrita sobre ciertas cuestiones relativas a la implementación del memorando. Irán se comprometió a dar pronta respuesta (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Información de Prensa N° 279/13, 24 de noviembre de 2013) Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de haber transcurrido más de un año y medio de su firma y sin perjuicio de las distintas declaraciones realizadas por los funcionarios persas, Irán no ha comunicado formalmente ningún tipo de aprobación interna del acuerdo y - en consecuencia - no se ha producido el intercambio de notas verbales que signa la entrada en vigencia del memorando (punto 6). Por otra parte, ante distintos estrados judiciales argentinos se han formalizado diferentes planteos que cuestionan la constitucionalidad del citado memorando. En concreto, con fecha 15 de mayo de 2014, la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por los representantes de AMIA y DAIA y, en consonancia con lo dictaminado por el suscripto, declaró inconstitucionales tanto el Memorándum de Entendimiento como su ley aprobatoria. Asimismo, dicho tribunal ordenó, de modo preventivo, comunicar lo resuelto al Poder Ejecutivo Nacional -en particular, a la Cancillería- para que no ejecute el acuerdo mientras transitan las vías recursivas. La Sala I también le ordenó al juez de la causa, Dr. Canicoba Corral, que reitere por vía diplomática los pedidos de extradición y cooperación judicial a la República Islámica de Irán, que requiera a Interpol que extreme los esfuerzos para hacer efectivas las ordenes de captura e insista al organismo policial para que revea la posibilidad de emitir notificaciones rojas respecto de Rafsanjani, Velayati y Soleimanpour Ministerio Público de la Nación (CCCF, Sala I, CFP 3184/2013/CA1 “AMIA s/Amparo Ley 16.986, 15/05/2014, Juzgado N°6- Secretaría N°ll). Finalmente, cabe tener presente que con fecha 30 de mayo del corriente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recurrió la citada resolución de la Alzada Federal. Sin perjuicio de la vital importancia de contar con una decisión definitiva al respecto, lo cierto es que a los fines de la presente denuncia, este derrotero judicial constituye -en todo caso- una cuestión ajena a las conductas que, en sustancia, aquí se han denunciado. b) La postura de Irán en relación con la causa AMIA: Desde el inicio de la investigación de la causa AMIA y hasta la actualidad, la República Islámica de Irán siempre ha negado oficialmente el involucramiento de sus nacionales en el atentado; ha, además, entorpecido la pesquisa de todas las formas posibles, por ejemplo, intentando desacreditar a las autoridades judiciales intervinientes; incluso ha tildado al gobierno argentino de financiar al terrorismo y ha intentado negociar políticamente -en varias ocasiones- la absolución de los acusados. Esta postura ha sido mantenida inalterada a lo largo de todos estos años, aun con posterioridad a la firma del acuerdo en enero de 2013. La retórica iraní ha reiterado hasta el hartazgo que ninguno de sus nacionales participó en el atentado, que la justicia argentina no es confiable, que Irán condena al terrorismo y que está dispuesto a colaborar con Argentina para dar con los “verdaderos culpables”. Al hablar de “verdaderos culpables”, evidencia su postura: la acusación argentina ha sido fabricada y orquestada por autoridades judiciales que responden al sionismo y a intereses foráneos, con la participación de agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Numerosas declaraciones realizadas, a lo largo de los años, por distintos funcionarios persas, dan cuenta de la postura oficial de Irán, a saber: las misivas enviadas por el Embajador iraní ante la ONU, Mohammad Khazaee, al Presidente de la Asamblea General del organismo - fechadas en 28 de septiembre de 2007, 2008, 2009 y 2010-, las acusaciones formales y las tachas de descrédito realizadas por funcionarios iraníes en contra de distintas autoridades judiciales argentinas abocadas a la causa, etc. (cfr.: Documentos A/62/485, A/63/468, 4/64/481 y A/65/495, AGNU, ONU; “Si los desagravian, Irán colaboraría con la causa AMIA”, ADN Mundo, 4/12/2006; “AMIA: Irán pidió ubicar al responsable real”, Perfil, 29/11/2006; “AMIA: Dura advertencia de Irán al gobierno de Kirchner”, Diario de Cuyo, 11/12/2006; “Irán reaccionó con agravios al pedido de Néstor Kirchner”, Infobae, 27/09/2007; “Ahmadinejad dice que quiere expandir las relaciones con la Argentina”, Clarín, 26/09/2013; Dinatale, Martín, “Negó Irán la denuncia del fiscal Nisman y lo acusó de sionista”, La Nación, 4/6/2013; “Para Irán, la causa AMIA causó amargura en las relaciones entre Irán y Argentina”, Agencia Judía de Noticias, 16/07/2013; Braslavsky, Guido, “Irán pide a Interpol la captura del fiscal Nisman y de Galeano”, Clarín, 13/11/2006; “AMIA: dura respuesta iraní a los pedidos de capturas”, Infobae, 13/11/2006; Gallo, Daniel, “Irán amenaza con pedir el arresto de agentes de Interpol”, La Nación, 16/03/2007, “Irán volvió a criticar al sionismo”, La Nación, 19/06/2013; Niebieskikwiat, Natasha, “Irán rechazó, otra vez, su participación en la AMIA”, Clarín, 19/06/2013; “Irán ratificó su adhesión plena al memorándum con Argentina”, Página 12, 12/02/2013; “Kirchner ordenó expulsar a D'Elía del gobierno”, La Nación, 14/11/2006; “Tensión diplomática y despido de D'Elía”, La Voz, 14/11/2006; “La Cancillería respondió a otra protesta de Irán”, Clarín, 13/12/2006; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Comunicados de Prensa N°528/06 del 13/11/2006; Comunicado de Prensa N°000/07 “Argentina rechaza pedido de exhorto de Irán”, del 14/08/2007, Comunicado de Prensa N°400/07 “La cancillería argentina rechaza declaraciones difundidas por Irán”, del 28/09/2007; “Argentina expresó un categórico rechazo a dichos de Irán”, El Día, 28/09/2007; “Que Irán respete la jurisdicción”, Página 12, 29/09/2007). Puntualmente, en sus cartas al Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, en los años 2007 a 2010, el Embajador de Irán ante el organismo Mohammad Khazaee, ha realizado afirmaciones del estilo de: “...los autores del atentado con bomba contra la AMIA han quedado impunes y, en su lugar, se ha acusado injusta e infundadamente a varios nacionales iraníes inocentes...” y “...Todos los argumentos contra los nacionales iraníes no son más que una farsa...” (cfr.: Documentos A/62/485, A/63/468, 4/64/481 y A/65/495, AGNU, ONU). Ahora bien, esta posición no está exenta de consecuencias prácticas. La República Islámica nunca ha prestado colaboración a las autoridades judiciales argentinas, pese a declamar reiteradamente lo contrario. De hecho, de 17 cartas rogatorias libradas a Irán en el marco de la causa judicial requiriendo información para la investigación del atentado, solamente se ha respondido una. Y esa respuesta fue para hacer saber su negativa a cumplir lo solicitado, argumentando excusas insostenibles y rechazando toda cooperación judicial con el caso (fs. 126.761/126.779 y 127.614/127.657). Por lo demás, también han negado rotundamente la solicitud de detención de los imputados con miras a su extradición, que se les formuló mediante exhorto diplomático en el mes de noviembre de 2006 (fs. 127.063/127.080 y 128.205/128.220). En rigor de verdad, es realmente desvergonzado hablar de cooperación con semejante historial de antecedentes. Por otra parte y como se adelantó, desde el año 2005, en la causa se encuentran acreditados distintos episodios en los cuales autoridades iraníes plantearon, por vías diplomáticas y en forma totalmente indolente, la posibilidad de “negociar” de distintas maneras la extinción de toda investigación, acusación y/o pedido de captura contra sus nacionales (ver fs. 116.381/116.383, 117.251/117.253, 118.680 y 118.952/118.953 bis). En efecto, en más de una ocasión, Irán buscó negociar la impunidad de sus nacionales. Por ejemplo, el 3 de abril de 2005, el Encargado de Negocios de la República Argentina en Irán entregó en mano al Director del Departamento de Asuntos de Derecho Internacional de la Cancillería de ese país, un nuevo exhorto librado en la causa. En esa ocasión, el funcionario iraní condicionó la respuesta de la rogatoria en los siguientes términos: “...Si asistimos al poder judicial argentino: a) ¿No estaremos siendo vistos como acusados o sospechosos? b) Supongamos que recibimos los exhortos y los contestamos [...] Estará el juez dispuesto a anunciar y declarar tajantemente que no existe conexión ni de Irán ni de sus ciudadanos con la explosión de la AMIA? c) ¿Quedará o no el dossier abierto si contestamos? d) ¿cómo podemos saber si el juez cerrará el dossier o no?” Y añadió: “el asunto principal es que de alguna manera podamos estar convencidos de que si colaboramos, el juez de la causa llegará a la conclusión de que el señor X o el señor Y no están ni estuvieron implicados en la explosión de la AMIA. Recuerden que desde el 19 de julio de 1994 nos manifestamos dispuestos a colaborar con la justicia argentina, posición y oferta que continúa aún válida. Si tuviéramos garantías objetivas, cosas tangibles (resultados tangibles) no tendríamos ningún problema en: a) recibir todos los exhortos; b) contestar todos los exhortos: c) incluso más: hacer algunas investigaciones ulteriores en Irán... ” (fs. 116.381/116.383). La misma tónica se repitió por parte de los funcionarios iraníes en la reunión celebrada en Teherán en julio de 2005 entre representantes diplomáticos de nuestro país y el Director de Asuntos de Derecho Internacional local, Dr. Mohsen Baharvand, en relación con los exhortos pendientes de recepción y respuesta por parte del poder judicial iraní. En esa ocasión, el funcionario iraní sostuvo lo siguiente: “Necesitamos de esa visión de perspectiva para poder recibir los exhortos y responderlos, pues tenga en mente que se trata de funcionarios del gobierno iraní y no ciudadanos ordinarios; en definitiva, cada vez que uno tiene algo para dar tiene expectativas de recibir también (...) La parte iraní es sumamente flexible con los exhortos, solo complicamos las cosas cuando es absolutamente necesario (sic) y ese no es el caso de las relaciones con argentina ” (fs. 117.251/117.253). Otro ejemplo de esta actitud iraní en cuanto a su colaboración en la causa surge de un “non paper” entregado por el mencionado Baharvand a diplomáticos argentinos, con una propuesta de acuerdo entre ambos países (fs. 118.680, 118.952/118.953bis). El pacto ofrecido entonces por Irán decía: “1. Las partes aceptan que no ha existido ninguna acusación contra ciudadanos iraníes en relación con la Causa AMIA; no obstante ello, el proceso que sigue el Juez argentino a cargo de la investigación en lo que respecta a los ciudadanos iraníes fue ordenado con el mero fin de recopilar información ”. “2. Las partes... se abstendrán de efectuar cualquier tipo de inferencia criminal, tanto en forma directa como indirecta, o acusación contra la otra parte y sus funcionarios “3... ¡as cartas rogatorias libradas por el Juez de la Argentina serán enmendadas de forma tal que no se formule ningún alegato o acusación, ya sea en forma explícita o implícita, contra el gobierno iraní y sus ciudadanos... ”. "4. Tras lo dispuesto en el párrafo tercero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán recibirá oficialmente ¡as cartas rogatorias... ”. “5. La parte argentina ...revocará cualquier orden de arresto librada por el Juez a cargo de la investigación contra los ciudadanos de la República Islámica de Irán... La reseña aquí efectuada revela la insólita postura asumida por el gobierno iraní en el sentido de condicionar su colaboración al compromiso de las autoridades judiciales argentinas de no incriminar a funcionarios y/o ciudadanos de ese país. Por otra parte y con motivo de dos solicitudes dirigidas a obtener información sobre titulares de líneas telefónicas, las autoridades iraníes, a través de Interpol Teherán, respondieron, a la primera de ellas: “no nos es posible responder vuestra solicitud debido la importancia del respeto de los principios y de las reglas de los derechos humanos, y también de las leyes internas de Irán acerca del respeto de la vida privada de las personas” (fs. 908 del legajo 391). En el restante pedido, lejos de brindar la información requerida, se limitaron a señalar: “...favor de explicarnos el motivo e informarnos también de dónde obtuvieron estos números de teléfono... ” (fs. 6843 del legajo 201). Sentado ello, no puede menos que considerarse absurdas y descabelladas las excusas brindadas por el régimen iraní para no dar respuesta a las solicitudes argentinas, con el agravante de que, aun cuando luego fueron enviados a Teherán los datos requeridos, ni siquiera así se obtuvo contestación. Más allá de la prueba documental, este tipo de ofrecimientos fueron reconocidos por varios funcionarios argentinos de entonces que, dadas sus posiciones en puestos claves, tomaron conocimiento de distintas propuestas de Irán para dejar de lado la imputación por AMIA. Al respecto, cabe recordar un acuerdo rechazado por Néstor Kirchner del cual dieron cuenta el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el ex Vice Canciller, Roberto García Moritán. Por su parte, los ex Cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana, pusieron de manifiesto la postura de Irán aquí descripta, conforme observaron durante sus respectivas gestiones en el Palacio San Martín. Rafael Bielsa mencionó la oferta iraní de cuatro mil millones de dólares en compras de maíz y trigo para retomar así el comercio bilateral, pero a condición de dejar de lado la causa AMIA. Expresó: “...era una actitud extorsiva... ” y al describir el desempeño de la diplomacia iraní en general refirió: “Siempre nos estaban haciendo trampa...les explicábamos que acá el Poder Ejecutivo no le da órdenes al Judicial, muchísimo menos en una causa de esta naturaleza. Ellos se hacían los que no entendían...”. Y agregó: “...Es un país manifiestamente hostil que se ha negado a contestar todos los exhortos... Les decíamos: los vamos a seguir hasta debajo de ¡a cama, acá no hay arreglo, contesten los exhortos. Uno de sus argumentos era: se están perdiendo 4 mil millones de dólares...Jamás hubo la más mínima concesión...ellos querían que un punto sugiriera que podía haber algún error por parte del Poder Judicial en el requerimiento de estos dignatarios iraníes...” (el resaltado es propio, Dobry, Hernán, “Cancilleres K: el acuerdo con Irán ya había sido rechazado”, Perfil, 23/02/2013; “Causa AMIA: Para D'Elía, los acusados iraníes van a ser sobreseídos”, Infobae, 1/3/2013, “Irán le ofreció un acuerdo igual a Néstor Kirchner, pero lo rechazó”, Infobae, 14/02/2013; “Duro cruce de acusaciones entre Timerman y García Moritán”, La Nación, 19/02/2013; “Alberto Fernández: Néstor Kirchner siempre se negó a un acuerdo con Irán”, Iprofesional, 20/02/2013). En la misma línea, el ex Canciller Jorge Taiana aseveró que los iraníes habían mostrado “falta de voluntad” dado que “ni siquiera recibían las solicitudes, o sea, las rechazaban y descalificaban. No hubo ninguna muestra de que existiera la más mínima voluntad de ayudar a esclarecer el hecho...” (Dobry, Hernán, “Cancilleres K: el acuerdo con Irán ya había sido rechazado”, Perfil, 23/02/2013). Incluso, las autoridades persas se han valido de ciudadanos argentinos profundamente consustanciados con las ideas del régimen y, al mismo tiempo, con vínculos con las autoridades del gobierno argentino, como Luis D’Elía, para hacer llegar sus propuestas de una solución favorable a sus intereses en torno a las imputaciones del caso AMIA. Efectivamente, el régimen de Irán aprovechó un viaje realizado por Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge “Yussuf’ Khalil, a fines de febrero y principios de marzo de 2010, para proponer un acuerdo relacionado con el atentado (“Quejas de Israel por el viaje de D'Elía a Irán”, La Nación, 07/03/2010; “D'Elía admitió un encuentro con un ex funcionario iraní prófugo en la causa AMIA”, La Prensa, 07/03/2010; “D’Elía y Esteche vieron en Irán a un sospechoso de volar la AMIA”, Perfil, 06/03/2010; “D'Elía sigue defendiendo al prófugo de la AMIA: Es una buena persona”, Clarín, 09/03/2010; “Diputados repudió el viaje de D’Elía a Irán y pidió informes a Cancillería”, Infobae, 07/04/2010). Increíblemente ahora se constata que dicho acuerdo era similar al Memorando de Entendimiento firmado por el canciller Timerman en enero del año pasado. Así lo recordó D’Elía al manifestarle a Khalil: “...Es parecido a lo que nos propusieron en el primer viaje a Teherán ¿te acordás?...” (Comunicación del 27/01/13, abonado N°11-3315-6908, Archivo B-1009-2013-01-27-174637-12, CD 266). Esto da la pauta, como se analizará y acreditará en detalle en el acápite correspondiente, que el instrumento jurídico que han firmado Argentina e Irán nada tiene que ver con la búsqueda de justicia ni con el avance de la investigación sino que se trata de uno de los medios elegidos para conseguir un fin delictivo y atroz: garantizar la impunidad definitiva a los acusados iraníes de la causa por el atentado contra la AMIA a través de un salvoconducto con apariencia de legalidad. Finalmente, cabe recordar, solo a modo de ejemplo porque fueron muchos los intentos de Teherán en este sentido, que en septiembre de 2007, el entonces vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Alí Hosseini, ofreció: “Como acto humanitario y para esclarecer los hechos de esta tragedia, la República Islámica anunció de antemano admitir la formación de un comité jurídico bilateral con Argentina, a pesar de la ausencia de acuerdo y desavenencia que hay entre los aparatos judiciales de ambos países'’’’ (“Irán reaccionó con agravios al pedido de Néstor Kirchner”, Infobae, 27/09/2007). Obviamente, ese ofrecimiento -no muy distinto al acuerdo firmado- fue rechazado por Néstor Kirchner. En fin, Irán siempre sostuvo y pidió lo mismo, lo que confirma que en dicho país existió y existe la decisión política no solo de no cooperar y de no reconocer la soberanía jurisdiccional argentina en el caso, sino de entorpecer y atacar todo avance que se realice. Ahora bien, resulta claro que la elocuente falta de cooperación exhibida por las autoridades iraníes respecto de esta investigación, es el reflejo, o bien la consecuencia, de la estrategia históricamente sostenida por el régimen de Teherán que consistió y consiste aún hoy en negar toda relación de sus ciudadanos con el atentado y jamás brindar cualquier tipo de información a la pesquisa para, así, desligar toda responsabilidad que le pudiera caber por actos de terrorismo, negando la detención con fines de extradición de los individuos que la justicia argentina ha imputado judicialmente por el hecho y buscando deslegitimar -de distintas formas- a la investigación y a las autoridades que la encabezan. Eso demuestra que existe una decisión política para garantizar impunidad tomada por las más altas autoridades del régimen, que también planificaron y ordenaron el atentado que acabó con la vida de 85 personas. Sin perjuicio de la firme negativa del régimen, se han obtenido declaraciones reveladoras de Jorge “Yussuf’ Khalil, representante de los intereses y agente orgánico de Irán en Argentina y partícipe activo del encubrimiento aquí denunciado, que reconocen la responsabilidad de funcionarios iraníes en los atentados en Argentina. En referencia a un individuo señaló: “...la persona que taburó con Irán...cuando Irán mató acá” (Comunicación del 19/11/12, abonado N°11-3315-6908, Archivo B- 1009-2012-11-19-083552-16, CD 197). En otra oportunidad, confesó que el Subsecretario de Agricultura Familiar para la Nación y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico: “...siempre tuvo el discurso de que nosotros fuimos....y está bien hecho... as i dice él. Es la pelea” (Comunicación del 15/8/13, abonado N°11-3238-4699, Archivo B-1009- 2013-08-15-234919-2, CD 118). Es decir, que los iraníes fueron los responsables del atentado y que a entender de Pérsico estaban justificados por su lucha política. En igual sentido, citando a D’Elía, Pérsico: "...fue el que dijo que ustedes fueron el tema AMIA...”, en alusión a la responsabilidad de iraníes por el atentado (Comunicación del 15/8/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-08-15-234225-2, CD 118). Estas referencias solo deben ser entendidas como meros ejemplos y, en modo alguno, como nuevas pruebas para fundar la acusación por el atentado, que -como se sabe- ya ha sido volcada en anteriores dictámenes fiscales y en los pronunciamientos del Juez de la causa, Dr. Canicoba Corral. Estas manifestaciones tampoco hacen a la prueba del encubrimiento, sin embargo permiten visualizar que la estrategia del régimen de la República Islámica de Irán de negación perpetua rindió sus frutos. Es decir, a pesar de ser efectivamente responsables por el atentado, la circunstancia de haberlo negado por lustros y lustros acabó desembocando en este plan encubridor que pretendió desacreditar a la justicia argentina y, fundamentalmente, estuvo dirigido a garantizar la impunidad total y definitiva de los acusados iraníes. De hecho, según surge del documento que bajo juramento declaró haber leído el Sr. José Eliaschev, la solidez de la postura iraní de no cooperar judicialmente ni ceder un ápice antes las acusaciones argentinas fue reconocida por el ex canciller iraní Ali Akbar Salehi como una exitosa estrategia del Líder Supremo. Salehi elogió esta estrategia cuando -como se verá más adelante-, en enero de 2011, Héctor Timerman abandonó el reclamo argentino de justicia y le ofreció articular un modo para dejar de lado las acusaciones por el atentado y retomar el comercio bilateral (fs. 131.189/131.194; Eliaschev, Pepe, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130.911/130.913). En suma, Irán nunca tuvo intención de cooperar y, en la práctica, siempre estorbó la actuación judicial argentina y los acercamientos diplomáticos, políticos y judiciales que aceptó tuvieron por única finalidad extinguir las acusaciones contra sus nacionales y desvincular a Irán del caso, aunque ello se derivara de la aplicación de medios prohibidos. Resulta útil destacar que esta estrategia no solamente ha sido implementada por Teherán respecto al caso AMIA, sino que también fue Ministerio Público de la Nación replicada en relación a otros atentados terroristas perpetrados en distintos rincones del planeta donde, también fundadamente, se ha involucrado judicialmente a funcionarios del régimen iraní como responsable de hechos de terrorismo. Jamás se ha advertido cambio alguno en la postura iraní, que ni siquiera morigeró su clásica retórica después de iniciadas oficialmente las negociaciones y aún luego de haber firmado el Memorando de Entendimiento, alegando “de la boca para afuera”, como es su costumbre, su buena predisposición para el diálogo y la negociación, al tiempo que, en los hechos, buscaba deslegitimar por cualquier medio los pronunciamientos de la justicia argentina y, consecuentemente, también a sus funcionarios. En esta línea se inscriben los siguientes cuatro episodios, solo a modo de ejemplo: 1) el entonces portavoz de la cancillería iraní, Ramin Mehmanparast, declaró en octubre de 2012 -cuando las negociaciones ya eran públicas- que se rechazaban las acusaciones contra ciudadanos iraníes y que su gobierno estaba dispuesto a colaborar para dar con los ejecutores del atentado (“Irán volvió a rechazar todas las acusaciones por el atentado a la AMIA”, La Nación, 30/10/2012; Paraszczuk, Joanna, “Irán ready to identify AMIA bombing perpetrators”, Jerusalem Post, 30/10/12; Kollmann, Raúl: “Irán volvió a negar su culpabilidad”, Página 12, 31/10/12); 2) según un cable de la agencia IRNA, la postura oficial de Irán -ya firmado el acuerdo con Argentina- era que el atentado podría haber sido planeado por Israel: “...Irán dice que agentes de Tel Aviv estuvieron involucrados en el ataque...con el objetivo de aumentar su influencia sobre el gobierno de entonces en Buenos Aires...” (“Irán ratificó su adhesión plena al memorándum con Argentina”, Página 12, 12/02/2013; “FM: Irán, Argentina adhere to agreement on AMIA case”, Irán Daily Brief, 14/2/13; “El Canciller de Irán dice que negoció durante dos años el acuerdo con Argentina”, Clarín, 12/02/2013; “Salehi: Irán Argentina adhere to agreement on AMIA case”, IRNA, 12/02/2013); 3) las expresiones de la cancillería iraní que buscaron deslegitimar el trabajo de la Unidad Fiscal a cargo del suscripto y el dictamen de fecha 29/05/2013 sosteniendo: “...Debido a la historia y carácter sionista de ese fiscal [por Nisman], nosotros no damos ninguna importancia a sus afirmaciones...” (“Irán rechazó las acusaciones del fiscal Alberto Nisman al considerarlo sionista”, La Nación, 3/6/2013; “El ministerio exteriores de Irán: No le damos importancia a las declaraciones de Nisman”, IRNA, 5/6/2013); 4) en junio de 2013, ya firmado el acuerdo, otro vocero de la cancillería iraní -Abbas Araqchi- volvió a rechazar la participación de iraníes en el atentado, declaró que para Teherán fueron agentes extranjeros y sionistas los que estuvieron detrás del ataque y agregó: “Gracias a Dios, con la colaboración de los cancilleres de Irán y la Argentina, se está viendo la manera razonable para solucionar el tema de la AMIA, y está habiendo una mayor comprensión de que los factores extranjeros y sionistas fueron los verdaderos causantes de este lamentable hecho...” (Niebieskikwiat, Natasha, “Irán rechazó, otra vez, su participación en la AMIA”, Clarín, 19/06/2013; “Irán volvió a criticar al sionismo”, La Nación, 19/06/2013), acusaciones que reiteraría el mismo portavoz en julio de 2013 (“Para Irán, la causa AMIA causó amargura en las relaciones entre Irán y Argentina”, Agencia Judía de Noticias, 16/07/2013). Nunca antes el gobierno argentino había permanecido mudo ante este tipo de declaraciones. Pero desde que se produjo el acercamiento con Irán, comenzó un silencio cómplice de parte de las autoridades argentinas aquí denunciadas ante este tipo de expresiones y/o ataques a los actos jurisdiccionales soberanos de distintos órganos de la república, variando la postura que se mantuvo inalterada durante el mandato de Néstor Kirchner, lo que constituye un nuevo indicio de la existencia de un acuerdo previo entre las dos partes que -desafortunadamente- tuvo por norte el plan de encubrimiento aquí denunciado, en el cual las autoridades argentinas se mostraron más interesadas en avanzar que su contraparte. Así, el incomprensible silencio del gobierno argentino, mantenido a pesar de la gravedad de las acusaciones y desacreditaciones por parte de las autoridades del gobierno iraní, habla por sí solo en este nuevo contexto. Es decir, las autoridades iraníes persisten, hasta el presente, no solo en negar oficialmente toda colaboración de Irán con el caso, sino - fundamentalmente- agrediendo y buscando desacreditar de distintas formas la acusación de la justicia argentina, pretendiendo poner en duda la imparcialidad de las investigaciones y sugiriendo -siempre- la influencia de intereses foráneos que habían sesgado la pesquisa aviesamente en contra de Irán. Más recientemente y en ocasión del fallo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal que declaró la inconstitucionalidad del Memorando de Entendimiento firmado con Irán, y de su ley aprobatoria, las autoridades iraníes tuvieron una reacción a todas luces provocativa, teniendo en cuenta, fundamentalmente, su parsimonia en tomo a la aprobación del acuerdo. En esa oportunidad, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marziyeh Afkham, condenó fuertemente el fallo y declaró: “El gobierno iraní cree que el Memorando de Entendimiento era una solución adecuada y una oportunidad para descubrir los hechos relativos a la tragedia de la AMIA y la resolución de las diferencias al respecto, pero la decisión de la corte argentina priva a ambas partes de esa oportunidad. Por ¡o tanto, la República Islámica de Irán expresa su pesar y descontento por la decisión’’’ (“Irán criticizes Argentine court decisión to declare unconstitutional joint AMIA bombing probe with Irán”, IRNA, 16/05/2014; “Irán slams argentine court ruling on AMIA probe”, Fars News Agency, 17/05/2014; “Irán condemns argentine court ruling on AMIA probe”, PressTV, 16/05/2014; Niebieskikwiat, Natasha, “Irán lamenta la decisión de la Justicia argentina”, Clarín, 16/05/2014; “Irán expresó pesar y descontento por el fallo que invalidó el memorándum sobre el atentado a la AMIA”, La Nación, 16/05/2014). El doble discurso no solo es patrimonio exclusivo de las autoridades argentinas aquí denunciadas. Los iraníes han sabido utilizarlo a la perfección. Es decir que, a pesar del tiempo transcurrido sin que exista comunicación oficial de aprobación interna del acuerdo por parte de Irán, sus autoridades sostuvieron públicamente su interés en el pacto. Nuevamente, la kilométrica distancia entre las palabras y los hechos. Finalmente, solo resta destacar que la retórica de negación y obstrucción iraní tuvo excelente resonancia en el gobierno de Cristina Fernández y, según se verá más adelante, fue usufructuada por las autoridades argentinas aquí denunciadas, para avanzar con las maniobras de encubrimiento e impunidad de los acusados. c) Presidencia de Néstor Carlos Kirchner Durante el gobierno de Néstor Kirchner la posición de la República Argentina en relación al atentado contra la AMIA fue clara y consistente: todos los esfuerzos políticos se enderezaron a respaldar el accionar de la justicia argentina y, desde el ámbito de sus competencias, el entonces Presidente de la Nación intentó lograr la cooperación de Irán y el aval de la comunidad internacional. Es decir, durante todo su mandato, se mantuvo de manera inconmovible el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional a las conclusiones de este Ministerio Público y a las decisiones del Poder Judicial en tomo a la causa. El caso AMIA fue una política de Estado. Este respaldo se tradujo en distintas acciones concretas, que van desde la desclasificación de información de inteligencia (Decreto N° 787 del 17 de septiembre de 2003) y la creación de esta Unidad Fiscal de Investigación en el año 2004 (Resolución MP 84/04), hasta el discurso pronunciado por el ex Presidente en el año 2007 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando denunció la falta de colaboración de Irán y solicitó que “la República Islámica de Irán, en el marco del derecho internacional aplicable, acepte y respete la jurisdicción de la justicia argentina, y colabore eficazmente con los jueces argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las personas imputadas en aquellos hechos’’'’ (Discurso de Néstor Kirchner en la 62a Asamblea General de Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2007). 2 Se trata de: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en nuestro medio), Hadi Soleimanpour (en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires) e Imad Fayez Moughnieh (por entonces a cargo del Servicio Exterior del Hezbollah). Moughnieh era el único libanés en aquel resolutorio. Los demás eran todos ciudadanos iraníes. La Unidad Fiscal no formuló imputación a Hadi Soleimanpour, sin perjuicio de lo cual, el Sr. Juez de la causa fundó la acusación y dispuso también su captura. De ese modo, Néstor Kirchner inauguró este destacable recurso diplomático: peticionar ante la comunidad internacional, utilizando legítima y estratégicamente los foros y la opinión internacionales para poner en evidencia la inadmisible postura iraní, convirtiendo -de ese modo- al descrédito internacional en un factor de presión legítimo y conducente a lograr el objetivo requerido por los órganos judiciales: el sometimiento a proceso de los imputados iraníes para avanzar en el enjuiciamiento de aquellas personas judicialmente responsabilizadas por el atentado contra la sede de la AMIA. Además, y en cada oportunidad en que el gobierno de la República Islámica de Irán, a través de declaraciones de sus funcionarios y/o por otras vías, intentó deslegitimar la investigación por el caso AMIA haciendo llegar descalificaciones respecto de los funcionarios intervinientes en la pesquisa y -más aún- cuando se conocieron acusaciones judiciales de Irán contra estos funcionarios, el gobierno del Presidente Néstor Kirchner siempre repudió aquellos descréditos, pidiendo -por las vías diplomáticas correspodientes- las explicaciones a que hubiere lugar, como un modo adecuado de proteger y respaldar el accionar de la justicia argentina. Ejemplo de ello fue la reacción que tuvo el Poder Ejecutivo cuando en el año 2006, se conocieron trascendidos que aseveraban que la justicia iraní solicitaría el arresto y la extradición del suscripto y del Dr. Juan José Galeano, ya separado de la magistratura, ocasión en que la Cancillería argentina no demoró en solicitar explicaciones sobre la cuestión al Encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Baharvand, máxima autoridad diplomática persa en territorio nacional (Comunicado de Prensa N°528/06 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de fecha 13/11/2006; Braslavsky, Guido, “Irán pide a Interpol la captura del fiscal Nisman y de Galeano”, Clarín, 13/11/2006, “AMIA: dura respuesta iraní a los pedidos de capturas”, Infobae, 13/11/2006; “Tensión diplomática y despido de D'Elía”, La Voz, 14/011/2006). Y no fue la única oportunidad en que la cancillería argentina respondió a protestas indebidas o expresiones desafortunadas, por calificarlas de la forma más benévola, procedentes de funcionarios de Teherán (cfr.: “La Cancillería respondió a otra protesta de Irán”, Clarín, 13/12/2006; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N°000/07 “Argentina rechaza pedido de exhorto de Irán”, del 14/08/2007; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N°400/07, “La cancillería argentina rechaza declaraciones difundidas por Irán”, del 28/09/2007; “Argentina expresó un categórico rechazo a dichos de Irán”, El Día, 28/09/2007; “Que Irán respete la jurisdicción”, Página 12, 29/09/2007). Como prueba del posicionamiento político-estratégico que Néstor Kirchner adoptó en torno al caso AMIA desde el Palacio San Martín, cabe tener presente las palabras de los ex Cancilleres, Jorge Taiana y Rafael Bielsa. Al respecto, el ex Ministro Taiana sostuvo: “No hubo ningún diálogo. Nuestro planteo era: no se puede hablar de nada mientras no haya colaboración judicial...Nuestra posición fue: tenemos 85 muertos argentinos y no podemos hacer ninguna concesión ni darle facilidad a un Estado que no muestra signos de buscar algún tipo de solución que ayude a esclarecer el hecho...”. Irán debía entregar a los acusados (Dobry, Hernán, “Cancilleres K: el acuerdo con Irán ya había sido rechazado”, Perfil, 23/02/2013). Por su parte, Rafael Bielsa, además de describir la actitud extorsiva y las propuestas de comercio iraníes a cambio de zanjar el tema AMIA, corroboró que el caso para el gobierno de Néstor Kirchner había sido “una política de Estado” y señaló que, en cambio, el gobierno de Cristina Fernández “le dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema sagrado para Néstor...” y que: “Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle a Irán era casus belir (el resaltado es propio, Dobry, Hernán, “Cancilleres K: el acuerdo con Irán ya había sido rechazado”, Perfil, 23/02/2013). En lo concerniente al modo de llevar adelante contactos con Teherán, Bielsa destacó que, durante su gestión, la cancillería tenía una política de transparencia con los principales interesados en la causa: '''"Estábamos en permanente contacto con los familiares y la comunidad, informándolos de todo....Cada paso que dábamos, cada memorándum que enviábamos, lo consultábamos con todos, porque era una cuestión muy sensible y estaba siempre el fantasma de las ofertas...'’'1 (Dobry, Hernán, “Cancilleres K: el acuerdo con Irán ya había sido rechazado”, Perfil, 23/02/2013). Esto resume la dirección que la política exterior tuvo en aquellos años en lo concerniente al caso AMIA. A nivel local, Néstor Kirchner también mantuvo en todo momento su apoyo a la causa judicial, al punto de separar del cargo a un miembro de su propio gobierno, como ocurrió con el caso de Luis D’Elía. Cabe recordar que en noviembre de 2006, casi inmediatamente después de conocerse la resolución del Dr. Rodolfo Canicoba Corral que decretó las capturas de funcionarios iraníes por estar sospechados de participar en el atentado, el entonces Subsecretario Nacional de Tierras para el Hábitat Social, Sr. Luis D’ Elía, encabezó una protesta contra aquella decisión y emitió un comunicado expresando: “el dictamen judicial que acusa a la República Islámica de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad’’ (Comunicado del 13/11/2006, firmado por Luis D'Elía y Juan José Cantiello, entregado al entonces Encargado de Negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Baharvand). Según trascendió, la protesta en repudio a la decisión de la justicia argentina, llevada a cabo en la Embajada de Irán y liderada por D'Elía -con participación del referente de Irán en Argentina, Jorge Alejandro “Yussuf’ Khalil- había sido incitada por el entonces Embajador de Venezuela en Buenos Aires, Roger Capella. Este diplomático venezolano estaba estrechamente vinculado con Teherán y, ya desde aquellos años, favorecía la relación entre Irán, los imputados iraníes por el caso AMIA y ciertos referentes locales, como Luis D'Elía y Fernando Esteche (“Kirchner ordenó expulsar a D'Elía del gobierno”, La Nación, 14/11/2006; Gallo, Daniel, “Controvertida agenda política del Embajador de Venezuela”, La Nación, 16/11/2006). Tal comportamiento motivó que el ex Presidente Kirchner removiera inmediatamente a Luis D’Elía de su cargo en el Ejecutivo Nacional, al tiempo que se comunicó con su par de Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión diplomática del Embajador Capella en Argentina. En otras palabras y en este contexto, Néstor Kirchner no hesitó en intervenir, aunque la cuestión pudiera generar tensiones con un mandatario extranjero, en este caso, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. En relación al desplazamiento de D’Elía, funcionarios del gobierno de Kirchner explicaron a la prensa que, a entender del presidente, el ex funcionario: “cruzó una línea infranqueable: nunca jamás, un funcionario del gobierno debe abrir juicios sobre causas judiciales abiertas, y menos si atañen a un tema tan sensible como la voladura de la AMIA” (“Kirchner ordenó expulsar a D'Elía del gobierno”, La Nación, 14/11/2006). También por aquellos años, como quedó expresado en el punto anterior, Néstor Kirchner rechazó distintos intentos iraníes de “negociar” una salida acordada que termine con la investigación judicial en contra de sus nacionales, lo que no solo surge de la causa (ver fs. 116.381/116.383, 117.251/117.253, 118.680 y 118.952/118.953 bis) sino también de lo relatado por los ex Cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana, por el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández y por el ex Vice canciller Roberto García Moritán (Dobry, Hernán, “Cancilleres K: el acuerdo con Irán ya había sido rechazado”, Perfil, 23/02/2013; “Irán le ofreció un acuerdo igual a Néstor Kirchner, pero lo rechazó”, Infobae, 14/2/03; “Alberto Fernández: Néstor Kirchner siempre se negó a un acuerdo con Irán”, Iprofesional, 20/2/2013). Además de los episodios narrados en el acápite previo, apenas libradas las órdenes de captura, Kirchner rechazó un acuerdo que le ofreció Irán que, según atestiguan funcionarios con conocimiento del hecho, era /VI RF. muy parecido al memorando que terminó firmando Héctor Timerman en Etiopía (“Irán le ofreció un acuerdo igual a Néstor Kirchner, pero lo rechazó”, Infobae, 14/02/2013; “Duro cruce de acusaciones entre Timerman y García Moritán”, La Nación, 19/02/2013; “Alberto Fernández: Néstor Kirchner siempre se negó a un acuerdo con Irán”, Iprofesional, 20/02/2013). La existencia de este antecedente fue confirmada por quien fuera Vice Canciller de 2005 a 2008, Roberto García Moritán, y por el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es decir, dos altos funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner que, por sus respectivos cargos en el Ejecutivo Nacional, se hallaban directamente involucrados en el tratamiento de estas cuestiones. García Moritán afirmó que los iraníes habían ofrecido un acuerdo que “también tenía 9 puntos y era muy similar al actuar y que “con sus matices, tenía el mismo espíritu” (“Irán le ofreció un acuerdo igual a Néstor Kirchner, pero lo rechazó”, Infobae, 14/2/03). Por su parte, Alberto Fernández aseveró que hubo “una oferta iraní de empezar conversaciones y buscar un mecanismo de salida, con un tercer país o una comisión. Pero Kirchner siempre se negó...Kirchner nunca aceptó hacer estas cosas...” (“Alberto Fernández: Néstor Kirchner siempre se negó a un acuerdo con Irán”, Iprofesional, 20/2/2013). Ante estas declaraciones y buscando ocultar los hechos aquí denunciados, Timerman decidió recurrir a la deslegitimación personal de quienes dieron testimonio sobre esta circunstancia, del mismo modo que ya lo había hecho cuando el periodista José Ricardo Eliaschev comunicó la verdadera entidad de las reuniones en Siria (“Duro cruce de acusaciones entre Timerman y García Moritán”, La Nación, 19/02/2013). En vez de rebatir o responder por los hechos que habían tomado estado público, el Canciller recurrió a la falacia “ad hominem”, para intentar ocultar las circunstancias que hacían al plan criminal. Luego, en ocasión de exponer ante los legisladores, Timerman no tuvo más que reconocer que era cierto lo dicho por García Moritán, en tanto Néstor Kirchner había rechazado un acuerdo con Irán que incluía una comisión, pero para desdibujar los hechos argumentó que lo falso era que dicha propuesta hubiera sido similar al memorando ahora suscripto y señaló: “...rechazamos lo que no incorporaba a la justicia y aceptamos el memorándum que incorpora a la justicia argentina...” (Versión taquigráfica del Plenario de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional, desarrollado el 26 de febrero de 2013). Haber dicho que el acuerdo actual es diferente al rechazado por Kirchner porque el Memorando de Entendimiento ha incorporado a la “justicia”, constituyó una falacia argumentativa, dado que de la propia letra del pacto se desprende que la participación de las autoridades judiciales argentinas está supeditada y mediada por la actuación de la comisión, lo que toma pasible de nulidad cualquier acto que pretenda concebirse como procesal. Como se verá más adelante, no será la única ni la más grave de las faalcias. Y así, mediante estas falsas argumentaciones se buscó ocultar una realidad insoslayable: Cristina Fernández autorizó y Héctor Timerman gestionó y firmó un pacto que Néstor Kirchner nunca hubiera aceptado ni permitido suscribir. Lo afirmado por Roberto García Moritán y Alberto Fernández ha sido corroborado por prueba recientemente obtenida, donde el máximo referente iraní en Argentina, Jorge “Yussuf’ Khalil reconoció expresamente que el acuerdo firmado con Irán es el mismo que estuvo en danza seis años antes y que en aquel entonces había sido rechazado. En efecto, el 27 de enero de 2013, en sendas comunicaciones, Khalil manifestó en relación al Memorando de Entendimiento: “...lo único que sé, es que es el mismo documento que hicimos nosotros hace seis años y lo presentamos, tanto a la gente de la embajada de Irán como a gente del gobierno...”, “...ese plan lo hicimos con Fernando Esteche hace seis años...”, “...el acuerdo que hicimos hace seis años nosotros con Fernando Esteche y nos trataron de locos a nosotros ...cuando lo planteamos, lo mismo, está escrito, hace seis, siete años, en el 2006...nos dijeron 'están locos, esto no tiene asidero'...hoy lo sacaron...”, “...el mismo, boludo, el mismo pusieron... como lo dijimos nosotros ...todo como lo escribimos con Fernando hace seis años...” (Comunicaciones del 27/01/2013, abonado N°11-3315-6908, Archivo B-l 009-2013-01-27-112032-4, CD 266; Archivo B-1009-2013-01-27-112552-12, CD 266; Archivo B-l 009-2013-01-27- 113208-14, CD 266). Y a Luis D'Elía, le confesó: “... ¿Sabés quien me lo escribió a mí, ese día, el memorando ese, quién lo escribió?...Fernando...”, en alusión a Esteche (Comunicación del 27/01/13, abonado N°11-3315- 6908, Archivo B-l009-2013-01-27-174637-12, CD 266). Lo cierto es que en todos los casos, el gobierno de Néstor Kirchner entendió -justamente- que estas propuestas conllevaban una injerencia inadecuada del Ejecutivo en el ámbito judicial y - fundamentalmente- representaban una claudicación en el reclamo legítimo de memoria y justicia por el caso AMIA. En suma, durante todo su mandato y podría decirse mientras vivió, el ex Presidente Néstor Kirchner fue consecuente con su postura con el caso AMIA: un fuerte reclamo a Irán por su falta de cooperación en la causa, la firme decisión de rechazar las propuestas iraníes que propiciaban dejar de lado las conclusiones de la justicia argentina y su inestimable apoyo a lo actuado por ella en la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA fueron los ejes centrales de esta política de estado. a) Presidencia de Cristina Elisabet Fernández La línea forjada por Néstor Kirchner en torno al caso continuó durante los primeros años del mandato de su esposa Cristina Fernández, quien también, en la sede de las Naciones Unidas, reclamó a Irán por su negativa a permitir que los imputados sean sometidos a la justicia argentina. La inconmovible negativa iraní a cumplir con este legítimo requerimiento fue logrando, de algún modo, erosionar las expectativas del gobierno nacional en los últimos años y, en consecuencia, los reclamos articulados desde entonces evidenciaron condicionamientos que, en cierta medida, los hicieron contraer. En este sentido, el ofrecimiento de realizar el juicio en un tercer país y/o ante la presencia de veedores internacionales representó cierta flexibilización -legítima, por cierto- de la demanda inicial. Sin embargo, aún en esas instancias, el objetivo perseguido consistió siempre en que Irán someta a los imputados a nuestra jurisdicción, es decir, a nuestras leyes, nuestros jueces y a nuestra investigación. Justamente, en esa línea, el 24 de septiembre de 2010, la Sra. Presidente Cristina Fernández se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas y ofreció la posibilidad de elegir de común acuerdo un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado (Discurso de Cristina Fernández en la 65° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2010). Dicha oferta fue respondida mediante una carta del Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Embajador Mohammed Khazaee, en la cual expresó que las acusaciones argentinas carecían de fundamento y que la actual investigación transitaba un ''''camino equivocado” que no llevaría a encontrar a los “auténticos autores” del atentado. Tachó de falsa, arbitraria e infundada la acusación a los ciudadanos iraníes, afirmando que el procedimiento judicial argentino estaba plagado de irregularidades, violaba garantías procesales y derechos fundamentales y no tenía por fin la verdad y la justicia. Asimismo, aseveró que: “El Gobierno de la República Islámica del Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión del AMIA”. Y acusó a las autoridades argentinas de colaborar y financiar a grupos terroristas -como los Muyahidin Jalq- para, finalmente, afirmar que había sido el gobierno argentino el que -hasta ese momento- se había sistemáticamente negado a negociar un marco jurídico de cooperación en cuestiones judiciales, insistiendo en imponer sus decisiones unilaterales (Carta del 28 de septiembre de 2010 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante las /\: ^f-RTO NISMA Ministerio Público de la Nación riscAL; ■- Naciones Unidas, Mohammad Khazaee). En suma, este último ofrecimiento de la Dra. Fernández quedó trunco por una nueva respuesta de Teherán, tan falsa como provocativa. Hasta aquí, se ha demostrado la consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en torno al caso AMIA, durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y parte del mandato de Cristina Fernández, hasta que, como se verá a continuación, tuvo lugar un cambio radical en la política del gobierno nacional vinculado -y así se sostiene en la presente denuncia- a la decisión de la Sra. Presidente, instrumentada especialmente por su Canciller Héctor Marcos Timerman, juntamente con terceros, de avanzar en un plan encubridor que permita a los imputados de nacionalidad iraní eludir y/o sustraerse de la acción de la justicia, a efectos de facilitar un acercamiento geolpolítico e intercambios comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán, siendo éstos -a juzgar por la prueba reunida- los principales pero no los únicos motivos. Debe quedar claro que no se está cuestionando un cambio de política exterior -resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto, tema no judiciable-, sino que se denuncia que se haya optado lisa y llanamente por el camino del delito, para borrar una acusación y una investigación judicial en pleno trámite. IV. - El plan de encubrimiento de los imputados iraníes en la causa AMIA La Sra. Presidente de la Nación, Cristina Fernández, decidió restablecer relaciones interestatales con Irán. Sabía que para hacerlo plenamente, sin restricciones, debía encausar de algún modo la causa AMIA, que estaba pendiente desde hace años, obstruyendo la agenda bilateral, en virtud de las capturas ordenadas, ratificadas y nunca concretadas. Para abordar y resolver este tema, la Dra. Fernández, junto a su Canciller, Héctor Timerman, orquestaron y ejecutaron un plan delictivo destinado a garantizar la impunidad definitiva de los acusados iraníes, desvinculándolos fraudulentamente de la pesquisa, y redireccionando la investigación hacia una pista falsa, con otros imputados. Para ello, mantuvieron negociaciones ocultas con representantes iraníes, por más de un año y medio, a los que se sumaron otros cuatro meses de negociaciones oficiales. Estas tratativas culminaron en la firma del “Memorando de Entendimiento”, suscripto en enero de 2013, una pieza central del plan criminal, dado que sus disposiciones contienen distintos recursos y mecanismos aptos para viabilizar el encubrimiento, con la apariencia de legalidad que la maniobra requiere para ser efectiva. Irán fue atraído al plan, y así se probará a continuación, por la promesa del Ministro de Relaciones Exteriores argentino de permitir la baja de las notificaciones rojas que pesaban y pesan sobre cinco de sus nacionales. Ello, y así lo indican varios elementos, fue acordado secretamente por Timerman y Salehi por fuera del texto del acuerdo. La frustración de este objetivo, por la intervención de terceros ajenos a la maniobra -Interpol-, desalentó la predisposición iraní hacia el tema, sin que ello impeda el avance del plan criminal por parte de las autoridades argentinas denunciadas, que siguió operativo. Precisamente, en este punto se analizará de forma completa, el plan de impunidad llevado adelante, que incluye: la decisión de encubrir, la predisposición de ciertas autoridades ejecutivas argentinas a abandonar el reclamo de justicia, la negociación secreta con Irán y los intentos por mantenerla oculta, la negociación pública cuyo contenido también se mantuvo en secreto, el interés por el petróleo iraní, las razones geopolíticas de realineamiento con Teherán, la prometida aquiescencia de Timerman para el cese de las notificaciones rojas, la existencia de compromisos secretos por fuera del Memorando y el armado de una falsa hipótesis alternativa para desplazar las acusaciones judiciales contra los iraníes. Ministerio Público de la Nación "^Tlberto nis^an FISCAL GENERAL Asimismo, se examinará en detalle el texto del Memorando de Entendimiento y se demostrará cómo sus disposiciones viabilizan ciertos aspectos del plan criminal. a) La decisión de encubrir: Naturalmente, la decisión de la Presidente Fernández de restablecer relaciones con la República Islámica de Irán no es cuestionable judicialmente. Aquí no se denuncia ni es materia de crítica el cambio en el enfoque político de una cuestión por parte del gobierno o sus funcionarios, ni tampoco el giro en el modo de relacionarse intemacionalmente ante un conflicto y/o con otros estados. Ni siquiera se denuncia ni mucho menos se cuestiona el mero hecho de entablar negociaciones con la República Islámica de Irán en particular, ya sean comerciales o aún respecto a la causa AMIA. Está claro que todas estas cuestiones y acciones corresponden al ámbito exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo que, por ejercer la jefatura suprema de la Nación, la jefatura de gobierno y la administración general del país, cuenta con la potestad constitucional de concluir y firmar tratados y celebrar negociaciones para el mantenimiento de las buenas relaciones con naciones extranjeras (art. 99 inc. 1 y 11 de la Constitución Nacional). Nada de esto está en discusión. La decisión de poner en marcha una negociación con las autoridades iraníes o el mismo hecho de arribar a un acuerdo con ese gobierno, constituyen -en principio- la concreción de una estrategia y de una acción de política exterior de carácter discrecional y de exclusivo resorte del órgano ejecutivo, cuyo ejercicio escapa al control judicial. Ahora, si bien es cierto que la materia, oportunidad y conveniencia de lo actuado resulta ajena al conocimiento de los jueces, el Poder Judicial se encuentra obligado a intervenir cuando la ejecución de ciertos actos, aún dentro de las competencias asignadas constitucionalmente, conlleve la comisión de delitos. En otras palabras, si la negociación solamente hubiera excedido los límites constitucionales en razón a la competencia de los poderes del estado, alcanzaría con la sanción de inconstitucionalidad. Pero aquí hay algo más serio. Se trata de una acción que no solamente es inconstitucional, sino delictiva, toda vez que los actos realizados, destinados a encubrir a los imputados por este atentado, configuran conductas reprimidas por el derecho penal argentino. En consecuencia, detrás de un objetivo que puede considerarse legítimo, como el restablecimiento de relaciones plenas y comerciales con Irán, y más allá de que hayan sido las autoridades competentes las que intervinieron en el acercamiento, resulta penalmente cuestionable suprimir mediante maniobras delictivas el objetivo de alcanzar la justicia en el atentado más sangriento perpetrado en territorio argentino. El momento en que la Sra. Presidente tomó la determinación delictiva de ayudar a los imputados iraníes a eludir la actuación de la justicia debe situarse entre fines del mes de octubre de 2010 y el mes de enero de 2011. Varias razones convergen en ubicar temporalmente la decisión entre esas fechas. Existen dos hechos, datados en agosto y septiembre de 2010, que indican que hasta esas fechas, no se habían registrado cambios en el rumbo de la política argentina en tomo al caso AMIA, esto es, la decisión de encubrir aún no había sido tomada. El primero de estos hechos tuvo lugar el día 11 de agosto de 2010, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores Timerman mantuvo una reunión con la Secretaria de Estado de Estados Unidos. En esa ocasión, la Sra. Hillary Clinton destacó la cooperación mutua entre ambos países en la lucha contra el terrorismo y señaló que su nación apoyaba el reclamo de justicia argentino por los deplorables y trágicos atentados terroristas sufridos (Declaraciones de la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina Héctor Timerman, 11/08/2010, Departamento de Estado, Estados Unidos). Luego de la conferencia de prensa brindada junto a la Secretaria Clinton y consultado sobre la relación con Irán, Timerman declaró: “tenemos una situación muy compleja. Hemos obtenido pruebas ALBERTO NISMA FISCAL GENERAL sobre la participación de ciertos funcionarios iraníes en el ataque contra la embajada judía en Buenos Aires. Interpol aceptó estas pruebas y hemos pedido su captura....La Argentina no busca ninguna operación de ningún tipo que no sea la justicia. Queremos una solución de este problema gravísimo''' (“Timerman aseguró que el diálogo EEUU-UNASUR es posible y deseable”, Prensa Argentina, 11/08/2010; Barón, Ana. “Timerman, con Hillary: apoyo por Irán y diferencias por Honduras”, Clarín, 12/08/10).- A1 respecto, se reportó también que la Secretaria de Estado Norteamericana “reiteró el apoyo de su país a la Argentina en su reclamo a Irán de que entregue a los sospechosos de un atentado contra la mutual judía AMIA” y que puntualmente respaldó “...el pedido de captura de los seis iraníes (incluyendo al actual ministro de defensa iraní Ahmad Vahidi) y un libanés...” (“Hillary apoyó el pedido argentino a Irán por atentado a la AMIA”, Clarín, 11/08/2010; Barón, Ana. “Timerman, con Hilary: apoyo por Irán y diferencias por Honduras”, Clarín, 12/08/10).- Sobre ese mismo tema, tiempo antes de que se inicien los contactos directos y secretos con los iraníes, Timerman declaró: “...pude conectar que un atentado que se frustró en Estados Unidos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen Rabbani, el que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. No lo sabía ni Hillary Clinton ni la gente que investiga acá. Ahora hay una conexión entre un atentado que se frustró en Estados Unidos y el de la AMIA...'''' (Cibeira, Fernando. “Hay que relacionarse sin intermediarios” Reportaje a Héctor Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores, Página 12, 9/01/2011). Es decir, hasta aquel momento, Héctor Timerman lucía comprometido, desde su posición política de canciller, con la acusación judicial contra los imputados iraníes y con la tarea de sumar apoyo internacional al reclamo argentino de justicia. El segundo hecho destacable corresponde a lo ocurrido el 24 de septiembre de 2010, cuando la Sra. Presidente se dirigió -tal como anualmente lo viene haciendo- a la Asamblea General de Naciones Unidas y, en relación al tema AMIA, ofreció a la República Islámica de Irán la posibilidad de elegir, de común acuerdo, un tercer país donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado, con la participación de observadores internacionales (Discurso de Cristina Fernández en la 65° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2010). La respuesta de Irán a la propuesta argentina llegó cuatro días después. En una misiva dirigida al Presidente de la Asamblea General, el Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Embajador Mohammad Khazaee, reiteró -una vez más- la histórica postura de Irán en torno a este caso (Carta de fecha 28 de septiembre de 2010 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Mohammad Khazaee, A/65/495, distribuida el 6/10/10).- Es decir, mientras las autoridades políticas argentinas aún intentaban avanzar en su reclamo de justicia, quizás con un ofrecimiento menos ambicioso, la diplomacia iraní literalmente invertía el eje de la cuestión, en línea con su histórica retórica, acusando a la Argentina de no querer cooperar y de apoyar al terrorismo. Hasta ese momento, no se observaron hechos ni indicios de peso que permitan sospechar que, solapadamente, ya se había decidido y avanzado en el plan de impunidad. El 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente Néstor Kirchner. El dato no es anecdótico. Se ha consignado para hacer notar que en un momento casi contemporáneo a este hecho, la causa AMIA dejó de ser una “política de estado” para convertirse en un fusible de ajuste. Una pieza descartable. Y lo grave del caso es que para ello altos funcionarios del gobierno argentino, entre otros partícipes, recurrieron a conductas delictivas. ALBERTO NISMAN FISCAL GENERAL a. 1 ) La cumbre de A lepo: En efecto, el primer indicio conocido y relevante que reflejó la decisión de avanzar con el plan encubridor aquí denunciado se registró tan solo tres meses después de la muerte de Néstor Kirchner. Sucedió en enero de 2011 cuando el canciller argentino se separó de la comitiva presidencial que acompañaba a la Presidente Fernández en una gira por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Turquía, para desviarse a fin de asistir a unas reuniones en la República Árabe Siria (fs. 131.189/131.194; Eliaschev, Pepe, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130911/130913). Concretamente, el 23 de enero de 2011, Timerman arribó a Damasco, donde se reunió con el canciller sirio Walid al-Mohalem. Posteriormente, viajó a Alepo, donde se entrevistó con el Presidente Bashar Al-Assad. Extrañamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación no emitió ningún comunicado de prensa que diera cuenta del encuentro de nuestro Canciller con el Presidente sirio Al-Assad y con su Ministro de Relaciones Exteriores, a pesar de la trascendencia histórica de semejante acercamiento y de la extraña circunstancia de que se reúnan dos funcionarios de disímil jerarquía, como son un Presidente y un Canciller. (“Argentina y Siria fortalecieron las relaciones”, Télam, 25/01/2011; “Encuentro entre el Presidente de Siria Bashar Al-Assad y el canciller argentino Héctor Timerman”, Prensa Islámica, Fuente: SANA, 24/01/2011). Sin embargo, un cable público de la agencia oficial de noticias Siria -SANA- informó que, con fecha 23 de enero de 2011, el canciller sirio se había reunido con sus pares de Argentina y de Irán, uno después del otro, y que al día siguiente ambos cancilleres viajaron a la ciudad de Alepo, donde se entrevistaron con el Presidente Al-Assad. Según la citada agencia de noticias, Timerman y Al-Assad abordaron cuestiones relativas al fortalecimiento del intercambio económico y científico entre ambos países, al proceso de paz en Medio Oriente y a las relaciones de los países árabes y latinoamericanos (“Encuentro entre el Presidente de Siria Bashar Al-Assad y el canciller argentino Héctor Timerman”, Prensa Islámica, Fuente: SANA, 24/01/2011). Similar información hizo circular la agencia oficial de noticias argentina TÉLAM (“Argentina y Siria fortalecieron las relaciones”, Télam, 25/1/2011). Distintos elementos probatorios hoy corroboran que el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi participó secretamente de aquella cumbre (fs. 131.189/131.194; Eliaschev, Pepe, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130.911/130.913; Eliaschev, Pepe, “Polémica en torno a la negociación secreta entre Argentina e Irán”, Diario Perfil, 2/4/2011). Según el periodista Gabriel Levinas, quien refirió haber accedido a “fuentes oficiosas de la cancillería de IsraeY’: “...A dicha reunión asistieron, la delegación argentina que acompañó a Timerman, integrada por el Embajador Ahuad y dos funcionarios de inteligencia argentina; de la parte siria, el ministro de Relaciones Exteriores Mohalem y el Presidente Bashar Al Assad. Pero, a diferencia de lo informado por los medios en ese momento, al encuentro también asistieron en representación de Irán, el diplomático Walid Almohalem y el ministro de relaciones exteriores, Ali Akbar Salehi. Pasada la parte introductoria en la que todos participaron, la conversación de poco más de una hora, derivó en un mano a mano entre Salehi y Timerman para tratar el tema principal... ” (Levinas, Gabriel, El Pequeño Timerman, Editorial B, Grupo Zeta, Buenos Aires, 2013, pags. 244 y 281). Por otra parte, Levinas agregó que, según pudo reconstruir de las fuentes israelíes, Timerman habría asegurado: “...Yo estoy aquí bajo precisas órdenes de nuestra presidenta para tratar de encontrar o buscar una solución a la causa AMIA. Los tiempos y humores de nuestro país es un tema que resolveremos internamente...'’’’ (Levinas, Gabriel, op.cit., pags. 246 y 281). ALBERTO NISMA Ministerio Público de la Nación fiscal general Dos meses después de ocurrido el encuentro, la noticia sobre la reunión de Alepo llegó a la sociedad argentina a través de la prensa. Un artículo publicado por el periodista José Eliaschev informaba acerca de la reunión secreta y de distintas cuestiones relativas a la misma (Pepe Eliaschev, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130.911/130.913). Esta primicia fue profundizada en una segunda nota, días después, en el mismo medio gráfico (Pepe Eliaschev, “Polémica en torno a la negociación secreta entre Argentina e Irán”, Diario Perfil, 2/4/2011). Bajo juramento, el Sr. José Ricardo Eliaschev declaró haber accedido a una copia de un documento secreto redactado por el Ministro Salehi, y dirigido al entonces Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que narraba datos y conclusiones de ese encuentro. Fundamentalmente, como se analizará más adelante, Salehi informó a su presidente que el gobierno de Cristina Fernández se encontraba dispuesto a suspender de hecho las investigaciones de los ataques terroristas sufridos en 1992 y en 1994, con tal de avanzar en el terreno comercial (fs. 131.189/131.194 y ver: Pepe Eliaschev, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130.911/130.913 y Pepe Eliaschev, “Polémica en torno a la negociación secreta entre Argentina e Irán”, Diario Perfil, 2/4/2011). Y como si estos elementos no fueran suficientes, el propio Alí Akbar Salehi reconoció posteriormente que las negociaciones con Timerman principiaron dos años antes de firmar el “Memorando de Entendimiento”, lo que literalmente ubica el inicio de las mismas en enero de 2011, esto es, justamente, para la reunión de Alepo. Así, las declaraciones del canciller iraní corroboran las pruebas aquí señaladas y zanjan toda duda sobre el momento en que se iniciaron las negociaciones (“Irán ratificó su adhesión plena al memorándum con Argentina”, Página 12, 12/2/13; “FM: Irán, Argentina adhere to agreement on AMIA case”, Irán Daily Brief, 14/2/13; “El Canciller de Irán dice que negoció durante dos años el acuerdo con Argentina”, Clarín, 12/02/2013; “Salehi: Irán Argentina adhere to agreement on AMIA case”, IRNA, 12/02/2013). En efecto, la secreta cumbre de Alepo fue llevada a cabo entre los cancilleres argentino e iraní, y el Presidente y el Canciller sirios no solo actuaron como “intermediarios” del acercamiento sino también como “pantalla” para mantener oculta la existencia de aquel contacto. Por todo lo expuesto, la cumbre de Alepo -sobre la base de la evidencia detallada- marca el primer indicio concreto y corroborado que da cuenta de la existencia de una decisión de los más altos funcionarios denunciados del gobierno argentino de abandonar la legítima pretensión de enjuiciar a los acusados iraníes judicialmente imputados por el caso AMIA para posibilitar, entre otros objetivos, intercambios comerciales directos a nivel estatal, aun cuando ello implicara desplegar un plan para encubrir a estos imputados. Según las pruebas halladas hasta el momento, aquella decisión fue comunicada secretamente a las autoridades iraníes por el mismísimo canciller Timerman en Alepo en enero de 2011. a. 2) La predisposición a abandonar el reclamo de justicia por el caso AMIA: Tanto secreto reflejaba la necesidad de esconder algo. Se pretendía ocultar la predisposición de la Dra. Fernández a sacrificar el caso AMIA con tal de acercarse geopolíticamente a Irán y avanzar en relaciones comerciales de Estado a Estado con Teherán, tal como lo comunicó el Canciller Timerman a su par iraní. Así surge del documento al que, bajo juramento, declaró hacer accedido el Sr. Eliaschev, y mediante el cual Salehi informó de lo ocurrido en esa cumbre secreta al Presidente Ahmadinejad. En efecto, el testigo Eliaschev declaró que el citado instrumento secreto, redactado por el Ministro Salehi con posterioridad a la reunión de Alepo, ha circulado por las cancillerías de varios países. En este reporte, se informaba que “/a Argentina ya no está más interesada en ALBERTO NISMa/ FISCAL GENERAL-' resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. En otras palabras, el gobierno argentino había renunciado a llevar ante la justicia a los funcionarios iraníes imputados y presentaba una expectativa por multiplicar los intercambios comerciales entre ambos países (fs. 131.189/131.194 y ver: Pepe Eliaschev, “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”, Diario Perfil, 26/03/2011, fs. 130.911/130.913 y Pepe Eliaschev, “Polémica en torno a la negociación secreta entre Argentina e Irán”, Diario Perfil, 2/4/2011).- A1 declarar ante el suscripto, el testigo aclaró que “la revelación de las reuniones” llegaron a sus manos en idioma inglés, no en farsi, y por constataciones propias, revestían total verosimilitud. Asimismo, precisó que dicho informe contenía las recomendaciones del canciller al presidente de Irán (fs. 131.189/131.194).- También explicó que el citado informe “no se trata de un cable como se lo llama en la jerga periodística”, sino que consiste en “un informe de la cancillería iraní al presidente Ahmadinejad, un típico 'paper' intergubernamental, donde el responsable de las relaciones exteriores del régimen de ese país le sugiere al presidente que en virtud de los elementos de juicio que maneja la cancillería iraní corresponde avanzar en un acuerdo importante con la Argentina por que... están dadas las condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de página...” (fs. 131.189/131.194). Está claro que ningún canciller cometería la imprudencia de formular a su presidente tamaña aseveración de no encontrarse completamente seguro de la información transmitida, lo que constituye una evidencia más que el canciller Timerman efectivamente comunicó a Teherán la predisposición a abandonar la investigación judicial del caso AMIA. De allí, la conclusión iraní -volcada en el documento- sobre la exitosa estrategia de negar las acusaciones en su contra que, a la luz de lo ocurrido en Alepo, rendía sus frutos. En este instrumento, la Cancillería persa concluyó que si las acusaciones judiciales eran dejadas de lado, ambos países podían encarar una nueva etapa vincular y destacaba lo propicio de esta oportunidad, dado el paso del tiempo, la poca relevancia de los casos en la opinión pública actual y, fundamentalmente, la conveniencia del rotundo cambio de postura del gobierno argentino. No obstante ello, los funcionarios iraníes sabían que debían operar asumiendo que el gobierno argentino jamás podría admitir públicamente el retroceso que significaba este acercamiento y, menos aún, la predisposición a dejar de lado el histórico reclamo. Ahora bien, todos los hechos y verificaciones posteriores no hacen más que darle la razón a lo expresado por el Sr. Eliaschev. Las circunstancias constatadas desde entonces ratifican lo expresado por el testigo en relación con el documento al que tuvo acceso. Tan es esto así que, justamente, la firma del Memorando de Entendimiento entre ambos países es la expresión final de lo que anticipaba el “paper” de Salehi. Las más altas autoridades del gobierno argentino estaban dispuestas a dejar de lado su propio reclamo de justicia en beneficio de extranjeros prófugos. El acuerdo conduce a la impunidad de los acusados iraníes. Por un lado, se previo expresamente la incorporación en su letra de mecanismos sumamente intrincados que pudieran tornar inaplicable el convenio, como un modo de garantizar la impunidad. Por otro y ante su eventual implementación, se previo la actuación de la “Comisión de la Verdad”, cuyas conclusiones ya estaban acordadas de antemano y, como surge de la prueba, sería la vía para introducir una nueva hipótesis sobre el atentado, falsa pero verosímil, destinada a desincriminar definitivamente a los imputados iraníes. En suma, las pruebas revelan que existió una iniciativa secreta de ciertas autoridades políticas argentinas destinada a negociar un pacto con Irán para “olvidar” los atentados y reactivar el intercambio comercial a nivel estatal. También ponen al descubierto que esta cuestión no podía ser articulada en forma pública, es decir, los funcionarios argentinos no podían reconocer ni sostener semejante decisión ante la ciudadanía. Teherán lo ALBERTO NIS Ministerio Público de la Nación entendía. Había que encontrar, entonces, una forma solapada de poder articular estos intereses. Esto llevaría, eventualmente, a la peculiar redacción del Memorando de Entendimiento firmado a principios de 2013, que no es más que un instrumento y uno de los medios a través de los cuales se lograría la impunidad. a. 3) Indicios de la negociación secreta. A partir de enero de 2011 y hasta fines de septiembre de 2012 los funcionarios argentinos e iraníes negociaron en secreto un acuerdo para destruir las imputaciones de la causa AMIA y brindar impunidad a los prófugos iraníes. No obstante el empeñoso intento para mantener ocultas estas maniobras delictivas, surgió a la luz información y tuvieron lugar episodios que evidenciaron la gestación y el crecimiento del plan criminal, durante ese año y medio de encuentros secretos. Se trata de situaciones de conocimiento público que, examinadas de forma aislada no revelan su verdadero significado, pero que analizadas en conjunto, concatenadamente y a la luz del plan de encubrimiento aquí denunciado cobran su real dimensión, en cuanto demuestran el progreso en el camino del delito así como la cimentación del terreno para hacer público el acercamiento bilateral en el momento más propicio. Cabe aclarar que, si bien no se trata de acciones delictivas per se, estas circunstancias deben ser leídas como manifestaciones que hoy evidencian con claridad el plan delictivo que subrepticiamente se estaba llevando a cabo. Y esa es la única relevancia jurídico-penal de las circunstancias que se mencionarán a continuación. El primer indicio se reveló en la reacción a la noticia publicada por José “Pepe” Eliaschev en el diario Perfil. Cuando, en marzo de 2011, el periodista informó sobre la reunión en Alepo y sobre la decisión de abandonar las acciones judiciales para retomar intercambios comerciales, se generó un importante revuelo en la opinión pública e incluso dentro del gobierno de la Dra. Cristina Fernández. La respuesta no se hizo esperar y estuvo directamente dirigida a desacreditar al portador de la información como una maniobra aviesa de deslegitimación de la versión publicada. En lugar de dar explicaciones